El Supremo chileno inicia el juicio contra los instigadores del asesinato del ministro Letelier

ENVIADO ESPECIAL, La Corte Suprema de Chile ha comenzado la fase final del proceso que, desde hace 14 años, se sigue contra dos altos mandos de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), la policía política del régimen militar chileno (1973-1990), acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Orlando Letelier del Solar, ministro de Asuntos Exteriores, y de Defensa, durante el Gobierno de Salva dor Allende. El general retirado Manuel Contreras y el coronel en activo Pedro Espinoza dirigían la Dina cuando, el 21 de septiembre de 1976, una bomba destrozó en Washington el coche que ocupaban Letelier y su secretaria.

Los dos militares ya fueron condenados a siete y seis años de cárcel en primera instancia, y Contreras, a quien se considera principal responsable de los desmanes cometidos por el organismo disuelto en 1978, advirtió en alguna ocasión que no pasaría "ni un solo día en la cárcel". La idea del Gobierno de Eduardo Frei, cuando decidió construir una prisión especial para militares culpables de violaciones de los derechos humanos, era lograr que Contreras fuera su primer interno. Puede ocurrir que se produzca el fallo antes de que el Parlamento, dividido, apruebe el nuevo presidio. La causa se abrió con la lectura de los 11.000 folios del sumario.El diputado socialista Juan Pablo Letelier, hijo del ministro asesinado, opina que un tramo esencial de la trabajosa transición chilena hacia la democracia habrá terminado cuando la justicia encarcele al general Contreras. Y agrega que, independientemente de lo que piense el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, "hay muchos oficiales de las Fuerzas Armadas que son, sobre todo, hombres de carrera, hombres de armas". Letelier, que ha tenido una activa párticipación en el proceso, sostiene que esa oficialidad es profesional de la defensa nacional, aparte "de su juicio sobre si era o no necesario cometer ciertas acciones de limpieza o como se quiera llamar a los atroces crímenes contra los derechos humanos. La gran mayoría

[de las Fuerzas Armadas] no está en la disposición de cubrir la espalda a los violadores de los derechos humanos".

Preocupación e inquietud

El diputado piensa que, en su fuero interno, coinciden con él en que lo mejor para la institución y para todo el país es separar de las filas a sus responsables "para no contaminar al Ejército de algo de lo que no son responsables jurídicamente. Otra es la valoración política que tengamos". El general Jorge Lucar, en la cúpula de mando del Ejército, dijo recientemente que en el arma hay "preocupación, no inquietud".

De ser condenados a menos de cinco años, los dos procesados eludirían la prisión al beneficiarse de una remisión de pena que la defensa quiso neutralizar pidiendo, sin éxito, el aplazamiento de la vista hasta marzo. El objetivo era que la Corte Suprema conociera antes de ese mes la sentencia de un proceso que, en rebeldía, se si gue a Contreras en Italia por el fallido atentado contra el líder de la democracia cristiana Bernardo Leignton, ocurrido en Roma en 1975. En opinión de los abogados, si el fallo italiano es condenadorio y la Corte Suprema lo considera en su sentencia, los procesados mancha rían su expediente judicial per diendo así los beneficios de la ley chilena, que establece la posibilidad de evitar la prisión cundo las sentencias son inferiores a los cinco años y el reo acredita "buena conducta anterior".