Fondos sin trampa

ES POSIBLE que las apelaciones al borrón y cuenta nueva en los casos de corrupción, especialmente los relacionados con la financiación irregular de los partidos, puedan tener algún tipo de respuesta en el ámbito político. El principal mentor de esta especie de amnistía, Manuel Fraga, ha negado una y otra vez que su propuesta signifique tal cosa. Pero a partir de ella los partidos políticos, y sobre todo sus dirigentes, no dejan de dar vueltas sobre la mejor forma de salir del atolladero de la corrupción, aun admitiendo lo que, por otro lado, sería imposible dejar de reconocer: que todos ellos, en mayor o menor medida, son. tributarios de prácticas que, como ninguna otra, han contribuido en estos últimos años a degradar la, vida pública y a desacreditar las instituciones ante los ojos de los ciudadanos.Donde no cabe respuesta alguna a este tipo de apelaciones es en el campo de la justicia. Es impensable, y por ahora a nadie se le ha ocurrido propugnar tal cosa, cualquier intento de silenciar o de condonar las posibles responsabilidades penales contraídas por quienes protagonizaron, bien propiciándolas, bien beneficiándose de. ellas o ambas cosas a la vez, las diversas prácticas de corrupción afloradas durante estos años. Una de ellas, la posible utilización de los fondos reservados para pagar sobresueldos a mandos de la lucha antiterrorista y de Interior, ha iniciado su andadura por los terrenos de la justicia en lo que se configura como un proceso rememorativo del de los GAL.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha desentendido, de momento, de la querella presentada por el ministerio fiscal a instancias del Partido Popular (PP) sobre el presunto uso delictivo de esos fondos, pero no.

es descartable en absoluto que termine por tramitarla. De entrada, no ha desestimado la querella, sino que ha señalado, acertadamente, que el lugar adecuado para presentarla es un juzgado ordinario. Lo cual ya sería un indicio suficiente de lo bien fundado de la iniciativa. Pero la Sala Segunda del Supremo avanza un juicio so bre los hechos denunciados que, viniendo del máximo órgano jurisdiccional del Estado en el orden penal, no deja de ser una referencia a seguir para el juzgado que en principio, deba tramitar la querella: se trataría de una desviación de fondos públicos a fines para los que no están previstos, perfilándose con ello la posible existencia de un delito de malversación de caudales públicos.

Por lo demás, la decisión de la Sala Segunda del Supremo de enviar la querella a un juzgado ordinario es procesalmente impecable. No cabe imputarle, como ha hecho frívolamente el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, la intención de querer quitarse de encima la patata caliente de la denuncia. Imputaciones de esta índole referidas además a órganos independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley como son los tribunales de justicia, son de las que más contribuyen al deterioro institucional que tanto parece lamentar el PP. El portavoz de Justicia del PP debería saber mejor que nadie que la querella presentada a instancias de su partido no señala a nadie en concreto -habla de responsables políticos y funcionarios en general- y que sólo si aparecen indicios de responsabilidad de personas aforadas -ex ministros u otros cargos públicos relevantes debería hacerse cargo de su tramitación la Sala Segunda del Supremo. Salvo que el dirigente popular considere que lo que se piensa o deje de pensarse en el ámbito de la opinión pública es referente obligado en la actuación de los tribunales.

Con la tramitación de esta querella -aunque no sólo con ella, también con el sumario abierto sobre el caso Roldán- se sabrá hasta qué punto la obstrucción a la justicia -tarea en la que se emplearon con entusiasmo gobernantes y altos funcionarios en el caso de los GAL- ha dado paso actualmente al deber de colaborar con ella, aun en escenarios tan inquietantes como el de los fondos reservados. Los hechos de ahora no tienen, en todo caso, el pérfil siniestro de los GAL. Tampoco la situación política es la misma de entonces. Hoy, el razonable ajuste de cuentas con el pasado de la corrupción que propugna el ministro Belloch sonaría a pura chacota si desde el poder político se impidiera al judicial exigir las responsabilidades delictivas contraídas con ese pasado.