¿A que esperan?

TODO EL mundo, incluyendo el Gobierno, está de acuerdo en los negativos efectos que puede tener para la incipiente recuperación el aumento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) previsto en los presupuestos. Lo que no se entiende es por qué no se corrige un error que aún no ha sido consumado. Si no aparecen argumentos nuevos habrá que pensar que la verdadera razón está en 50.000 millones de margen entre lo que se deje de recaudar por la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social y lo que de más se espera percibir por el aumento del IVA.La pasada semana, el secretario de Estado de Economía admitía que el Banco de España se podía ver obligado a elevar sus tipos de interés. Ello sería consecuencia de los efectos sobre la inflación del aumento propuesto en el IVA. Compensar los ingresos que la Seguridad Social dejará de percibir mediante el aumento en la tarifa del IVA y de algún impuesto especial supondrá un incremento del índice de precios al consumo (IPC) en proporción cercana a un punto. Si el Gobierno está convencido de que los efectos secundarios de esa simbólica medida reductora de los costes laborales son más adversos que favorables en términos de inflación, subida de tipos, creación de empleo y competitividad de las empresas, ¿por qué lo hace?

Los argumentos favorables no pasan de ser testimoniales. Se trataría de marcar el inicio de una senda cuya continuidad tendría lugar en próximos presupuestos. Si esa relación de sustitución entre los ingresos de la Seguridad Social y los potenciales derivados del IVA fuera absolutamente neutral, ¿por qué no se hace en mayor proporción? Más bien parece que los responsables de Economía son conscientes del escaso amparo que tiene esa propuesta.

En las circunstancias actuales, los diferenciales de interés que soportan los títulos de deuda pública españoles frente a los de los restantes países europeos son expresivos de los factores de incertidumbre que pesan sobre el comportamiento futuro de nuestra economía, incluida la creciente deuda pública, y, desde luego, una tasa de inflación difícil alejada de la de los países más estables. El empeño en decisiones como la propuesta puede agudizar aún más esa penalización, encareciendo la financiación del Tesoro.

Serán esas pequeñas y medianas empresas a las que se supone que el Gobierno y CiU tratan de apoyar, y en general los demandantes de crédito con menor poder de negociación, las principales víctimas de esa eventual subida de los tipos de interés. La cual es posible que se produzca antes incluso de que se manifieste ese temido efecto inflacionista, de acuerdo con esa obligación, reconocida al banco emisor en su nuevo estatuto de autonomía, de corregir la estabilidad de los precios. ¿A qué esperan para eliminar ese obstáculo innecesario a la recuperación económica?