Las autonomías manejarán el 30% del fondo de cohesión para medio ambiente

El primer intento en firme de coordinar la política medioambiental se cerró ayer con un primer acuerdo: los Gobiernos autónomos dispondrán del 30% del fondo decohesión destinado a este fin. En total, 30.000 millones de pesetas, de los 90.000 que España recibe anualmente. La crucial reunión de ayer en Guadalupe (Cáceres) sentó a la mesa negociadora a José Borrell, ministro de Obras Públicas, Transportes yMedio Ambiente, con los responsables autonómicos de la política ecológica 60 expertos en total. El Gobierno central aprovechó la ocasión para dar un rotundo no a la incineración de residuos industriales.

Había un desajuste sobre el fondo de cohesión, ya que se negocia y destina a Estados, no a regiones, cuando en España hace ya una década que se hicieron, las transferencias de las competencias de medio ambiente. Por eso se necesita una coordinación, para poder presentar a la UE los proyectos su ficientes para que España acceda a las sustanciosas. ayudas a las que tiene derecho por los acuerdos de Maastricht. "El fondo de cohesión", dijo Borrel, "a diferencia de los fondos estructurales, no está dise ñado para atender criterios de desarrollo regional, sino que se configura como un instrumento al servicio de políticas de ámbito estatal. No es un fondo que deba territorializarse, sino que debe servir a objetivos coordinadosa nivel nacional". El ministerio ha decidido dar prioridad en esas inversiones a la restauración de la cobertura vegetal, freno de la de sertificación, prevención de in cendios y recuperación de zonas quemadas (casi 400.000 hectáreas en lo que va de año); el tratamiento de residuos in dustriales y regeneración de suelos contaminados; y la de puración de aguas residuales. En los dos años de vigencia del fondo de cohesión, las in versiones las gestionaba exclusivamente el Gobierno central Ahora, los consejeros y el mi nisterio han llegado a un acuerdo para que ayuntamientos y comunidades autónomas intervengan directamente en la gestión de este fondo.

Las primeras desavenencias surgieron ante los distintos es fuerzos de inversión por proteger el entorno ya realizados en unas y otras comunidades. Así, el consejero de Medio Ambiente de Extremadura, Eugenio Álvarez Gómez, destacó que sería injusto que ellos recibieran menos dinero para restaurar el bosque, porque este año en Extremadura sólo se han quemado 500 hectáreas; ya que sus buenos dineros de prevención y equipamiento les ha costado. Mencionó que todas las grandes poblaciones de Extremadura, excepto Mérida, cuentan con depuradoras, sin haber recibido ayudas de la Administración central. ¿Cómo se les va a compensar de eso?

Billones en depuradoras

Si Borrell puso la letra y los consejeros autonómicos los peros e interrogantes, Cristina Narbona, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, hizo los números: "De aquí al 2005, España necesita invertir en medio ambiente de casi cinco billones de pesetas, entre los que destacan los casi dos billones de depuración de aguas para cumplir con la normativa de la UE. El fondo de cohesión no va a ser la panacea para resolver todos los problemas, pero es importante llegar a un acuerdo de reparto".

De los 190.000 millones que más o menos le corresponderán a España el próximo año, 90.000 irán a medio ambiente. Un tercio de esa parte es lo que se piensa repartir con los Gobiernos regionales, otros 20.000 millones corresponderán a ayuntamientos y el resto se quedará a disposición del Gobierno central. 15.000 millones están ya comprometidos por Agricultura para la regeneración del suelo y de áreas incendiadas. 15.000 quedan para saneamiento de aguas y tratamiento de residuos tóxicos.

El departamento de Borrell propone cubrir -con sus propios recursos o los que vengan del fondo de cohesión- un 25% de todas las inversiones necesarias en cada comunidad autónoma de aquí al 2005, descontando de dicho porcentaje el importe de las obras que haya realizado desde 1985. Las comunidades autónomas que menos porcentaje de aguas depuran son Cantabria, Galicia, La Rioja, Castilla y León y Asturias. Pero las que más inversiones tendrán que llevar a cabo son Andalucía y Cataluña, con casi 300.000 millones de pesetas cada una. Hubo acuerdo también en Guadalupe para establecer un canon al consumo de agua que sirva para financiar las depuradoras.

Sobre el tratamiento de residuos peligrosos, el ministerio propone cubrir el mismo porcentaje (25%) hasta el año 2000. Las comunidades autónomas que más desechos tóximos industriales generan y no tratan son Cataluña y el País Vasco. Las que más se han preocupado por controlar y tratar estos residuos son Asturias y Galicia, seguidas de Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia. Narbona quiso dejar claro que el gobierno central no promoverá en absoluto la construcción de incineradoras de residuos industriales. La alternativa decidida es la creación de una red de depositos de seguridad que serán costeados al 100 por cien por el MOPTMA.