El Gobierno estudia financiar las cámaras de comercio, con cargo al presupuesto

El Gobierno estudia financiar las cámaras de comercio con cargo a los Presupuestos del Estado. Los ministerios de Comercio y Economía ultiman un proyecto de nueva Ley de Bases para ajustar la sentencia del Constitucional que declara nula laobligatoriedad de las cuotas. Javier Gómez-Navarro -titular de Comercio- someterá el borrador a consulta de los presidentes de las cámaras. Después de dos meses de ácidas polémicas, los grandes lobbies empresariales, gestan un gran acuerdo para refundar las cámaras de comercio.

La brecha abierta ahora por la sentencia del Constitucional exige un "ajuste normativo que se efectuará elaborando una nueva ley que entrará en el Congreso antes de fin de año", según el Ministerio de Comercio. Javier Gómez Navarro, partidario de una desregulación de las cámaras y de su financiación pública, con sultará el proyecto de ley con los presidentes de las cámaras españolas el próximo día 30 de septiembre en el consejo superior, tras superar sus discrepancias con eI Ministerio de Economía y Hacienda. Comercio exigirá ser vicios mínimos a las corporaciones lo que significa en la práctica un proceso de concentración. "Las cámaras pequeñas no han de perder su papel de animado res empresariales pero es más lógico que realicen esta función fusionadas con otras de mayor tamaño o compartiendo sus servicios centrales" a criterio del mismo Ministerio. "La supresión de la obligatoriedad no crea ningún problema presupuestario, sino que, al contrario incrementa los ingresos fiscales, porque las aportaciones que reciben las cámaras de sus asociados son deducibles del impuesto de sociedades", señalan fuentes de Comercio. La formación de un equipo de trabajo de ambos departamentos, confirma que ya en 1995 la financiación de las cámaras (más de 10.000 millones de pesetas) "se efectuará con cargo al Presupuesto", apuntan medios empresariales.

El fallo del, alto tribunal consideró que la adscripción forzosa de las empresas a las cámaras atenta contra la libertad de asociación reconocida en el artículo 22 de la Constitución española. Amparándose en este criterio, muchos empresarios se oponen a satisfacer la cuota, que además consideran "desproporcionada en muchos casos con, relación a los servicios recibidos de las instituciones", según una opinión recogida en medios de los plenos de las propias cámaras de Madrid y Barcelona. Hace dos años, algunas cámaras encargaron al mercantilista barcelonés Carreras Llansana la presentación de demandas por impago de cuotas anteriores a 1993 contra algunos asociados, lo que desencadenó un pequeño levantamiento contra las instituciones.En parte, aquella fronda anticameral vive ahora su desenlace.

Precisamente, la polémica sentencia responde a recursos presentados en Valencia (la empresa automovilística Ford) y Barcelona (Derivados Forestales del grupo Mir, entre otras) que habían sido trasladados al Constitucional tras inhibirse los tribu nales superiores de justicia. Las demandas civiles son anteriores a la normativa vigentes de 1993, ya que entonces las cámaras no podían legalmente realizar, ejecutivos. Después, el mencionado reglamento de bases dió a la cuota un rango casi fiscal -así se contempla la norma financiera, conocida como ley omnibus, que acompaña al Presupuesto 94- que en caso de impago sigue el precedimiento de apremio dicta do por la Agencia Tributaria.El pacto civil

Los ecos de la sentencia del Constitucional han abierto un debate sin apenas precedente en. el mundo empresarial español. Tras el fallo dictado el pasado 19 de julio, las posiciones entre la CEOE y la Cámara de Madrid, presidida por Adrián Piera, han sido muy enconadas. La gran patronal contempla el derrumbe de la vieja estructura cameral como el fin de un contrapeso que le restaba protagonismo. Las cámaras, por su parte, consideran el fallo como la culminación de una larga conspiración tras la que perciben el aliento de la propia CEOE.

Sin embargo, durante los últimos días la polémica ha experimentado un vuelco positivo. La Cámara de Comercio de Barcelona, el Círculo de Economía, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y algunos sectores dé la propia CEOE -la gran patronal busca ahora una pax romana- gestan un gran pacto que pretende alumbrar el nacimiento de un modelo capaz de refundar las cámaras de comercio.

En esta dirección, una reunión del Consejo Asesor de Fomento, celebrada el pasado lunes, sirvió para que Alfredo Molinas, presidente de la patronal catalana y vicepresidente de la CEOE, Maria Puig, miembro de la junta MIEF y Joan Molins, presidente del Círculo de Economía ofrecieran su apoyo al presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Antoni Negre.