Curso crispado

EXISTE UNA percepción generalizada de que el nuevo curso político será muy crispado. Por una parte, el periodo anterior concluyó sin que el Gobierno cerrara la crisis política. Por otra, la oposición conservadora ha dado síntomas de querer acelerar un desenlace a su favor de esa crisis, aunque el precio sea mantener un clima de bronca permanente. Además, algunos medios de comunicación alimentan ese clima de enfrentamiento cotidiano en su intento por condicionar el desenlace de manera que aparezca como resultado de su influencia. En ese panorama, únicamente las perspectivas de recuperación económica pueden contribuir a rebajar algo la tensión.El Gobierno cuenta con la legitimidad de su mayoría en las legislativas, pero los escándalos y la derrota del 12-J han debilitado mucho su posición. La salida más obvia, reforzar esa legitimidad sometiéndose a la cuestión de confianza, es rechazada por sus aliados nacionalistas, y González no tiene fuerza actualmente para obligar a Pujol a un mayor compromiso. Pero tampoco Aznar es capaz de imponer una legitimidad alternativa mediante el único procedimiento constitucionalmente disponible: la moción de censura, para cuyo éxito necesitaría el apoyo de los nacionalistas. Ante esa doble debilidad, el Gobierno intenta reforzar su posición mediante el ejercicio mismo del gobierno: tomando iniciativas políticas. Pero puede dar por seguro que el PP intentará que ninguna de ellas prospere. Siendo su argumento que la permanencia de González genera incertidumbre, Aznar no perderá ocasión de contribuir a ello.

Algunas de esas iniciativas, como la nueva regulación del aborto, las medidas contra la corrupción o la reforma del Código Penal, se plantean en el terreno legislativo. Pero lo decisivo será la actitud del Gobierno y la oposición ante problemas como la ruptura del consenso antiterrorista, la cohesión territorial o las prioridades presupuestarias. Buena parte de esas cuestiones se plantearán este mismo mes. La reunión, el día 14, de los firmantes de los pactos antiterroristas pondrá a prueba la capacidad de Belloch para recomponer el consenso de las fuerzas democráticas. Un portavoz de Herri Batasuna mostró ayer su satisfacción por el hecho de que uno de los efectos del atentado contra el general Veguillas había sido "generar divisiones entre los partidos". Tan cínica manifestación debe hacer recordar al Gobierno y a la oposición dónde está, en plena ofensiva de ETA, el enemigo común.

También en septiembre deberá zanjarse la cuestión de los nombramientos (Defensor del Pueblo, consejeros de RTVE, etcétera) que han de ser consensuados entre el Gobierno y la oposición. El acuerdo de principio alcanzado antes de las vacaciones de evitar un criterio de lotización a la italiana no significa nada si no se plasma en la presentación de candidatos de verdadero prestigio. La idea de que el consenso sólo es posible rebajando la categoría de los candidatos es una perversión del sistema parlamentario.

La batalla de más interés se planteará en tomo a los presupuestos. El PP ha acabado aceptando que la recuperación se ha iniciado, pero niega cualquier influencia del Gobierno en ello. Sostiene, sobre todo, que el PSOE es rehén de los nacionalistas, y que los presupuestos pactados con Pujol son el precio inconfesable de su apoyo parlamentario. Es cierto que la negativa de los nacionalistas a formar parte de un Gobierno de coalición o incluso a comprometerse mediante un pacto de legisla tura abona la desconfianza. Pero la experiencia ha de mostrado que no existía una alternativa realista a ese pacto, y es dificil discutir hoy una influencia favorable de CiU en el giro de la política económica producido en los últimos meses. La devaluación de la peseta, la rebaja de los tipos de interés, las medidas fiscales en favor de la producción y la reforma del mercado laboral son medidas cuya influencia en la incipiente recuperación casi nadie discute hoy, pero que difícilmente se habrían plasmado si el PSOE hubiera pactado con Izquierda Unida o intentado gobernar con pactos variables en cada asunto.

El PP trata de sacar partido de las contradicciones que la alianza socialista con CiU genera en otras regiones, pero corre el riesgo de alimentar un mecanismo que acabe volviéndose contra él. Una vez que el nacionalismo catalán ha aceptado, aunque sea de manera algo interesada, una política de colaboración en la gobernación de España, el fracaso del experimento sería interpretado no como el de la alianza con un partido en concreto, sino de la política de colaboración con España en sí misma. Socialistas y populares comparten el interés en impedir que algo así ocurra; y también el de evitar que una crispación permanente condicione las posibilidades abiertas por la recuperación económica.