Atún contra Europa

POR si faltaban pruebas del mal derrotero en que se halla enfangada la Unión Europea, España y Francia han venido a proporcionarlas con la guerra del atún. El bloqueo de los puertos marítimos del Cantábrico, la interrupción del tráfico de viajeros, la realización de abusivas tareas de policía por parte de los pescadores en este caso españoles-, la dejación de responsabilidades de inspección y vigilancia pesquera por parte de los Estados y el uso de artes ilegales por los pescadores franceses no son más que episodios de un mismo drama. Salen mal paradas, ante todo, la legalidad común elaborada y aprobada por los Doce; en segundo lugar, la institución que tiene como función velar por su cumplimiento, que. es la Comisión Europea, y en tercer lugar, y quizá sea lo más grave, la propia idea de una Unión Europea creíble para los ciudadanos en la que sus miembros, los Estados socios, resuelvan los litigios leal,legal y pacíficamente.Hasta el momento, los Estados socios sólo han demostrado su capacidad para eludir sus obligaciones, que en el caso de la política común de pesca incluyen la inspección de los barcos nacionales por parte de sus propias autoridades. La prueba más flagrante la proporciona Francia, que apresa a un pesquero español que actúa como un raterillo del mar, con su botín de 50 miserables kilos de pescado de tamaño inferior al reglamentario, y hace en cambio la vista gorda ante los depredadores de los océanos si llevan pabellón tricolor. No ha habido, que se sepa, ninguna represalia sobre el pesquero La Gabrielle, que estaba faenando con redes de deriva ilegales de más de cinco kilómetros cuando fue, al parecer, abordada por pesqueros españoles.

Son los Estados los primeros responsables del debilitamiento de la Comisión Europea, la institución encargada precisamente de velar por el cumplimiento de las leyes y las políticas comunes. Consecuencia de la escasa importancia que se le da a estas alturas a la Comisión son la irresponsabilidad y el despiste políticos de los que pueden hacer gala algunos comisarios, como el responsable de pesca lannis Paleokrasas, que se ha visto obligado a rectificar una propuesta inicial más favorable a los intereses franceses que la defendida por el propio Gobierno de París.

Los pescadores españoles no han sido tradicionalmente un dechado de virtudes en cuanto a cumplimiento de la legalidad comunitaria, Su acción contra La Gabrielle constituye, además, una muestra de irresponsabilidad, pero, por desgracia, fue el único sistema práctico que creían tener para suplir la protección del Gobierno francés a sus pescadores y la incapacidad de los responsables españoles para obtener en París y en Bruselas algo más que palabras. Grave error de pescadores y de autoridades españolas ha sido, por lo demás, permitir que toda la guerra del atún se centrara en la acción ilegal contra La Gabrielle, cuando la cuestión decisiva, que pone en peligro la ecología marina y la estabilidad relativa perseguida por la política común de pesca, es la utilización de estas artes ilegales, una especie de enorme cedazo que barre el mar y se lleva con él los atunes y cuanto halla por medio.

La actual propuesta de la Comisión Europea, que contempla el mantenimiento de las redes de cinco kilómetros este año y de las redes de 2,5 durante tres años más, puede, parecer inaceptable para los españoles, los ecologistas o el mismo Parlamento Europeo. La actual campaña de 1994 está prácticamente cerrada, por lo que no tendrá efecto el mantenimiento de las redes de cinco kilómetros. La pesca con redes de la mitad de longitud, si lleva la inspección adecuada, no presenta tampoco peligro, porque en la práctica significa condenar a la desaparición este tipo de pesca por falta de rentabilidad. Con una salvedad: requiere que la inspección sea efectiva y no siga produciéndose la picaresca de la vista gorda francesa ante sus piratas. Para que sea así, es imprescindible que. los inspectores sean comunitarios y actúen bajo responsabilidad directa de la Comisión Europea. Sólo bajo esta condición puede ser aceptable por parte española que se mantenga durante un corto periodo de tiempo este tipo de pesca.