Las autoridades españolas y francesas alcanzan una tregua para poner fin a 'la guerra del bonito'

Los ministros responsables de Pesca de España y Francia, Luis Atienza y Jean Puech, acordaron ayer una tregua en la guerra del bonito, que el pasado fin de semana enfrentó a pesqueros de ambos países en aguas del golfo de Vizcaya. Ambos pactaron que inspectores de la Comisión Europea con poderes especiales controlen que no se utilicen redes de más de 2,5 kilómetros. Los pescadores de la flota bonitera del Cantábrico, sin embargo, criticaron el acuerdo y amenazaron con mantener el amarre de los barcos en Burela (Lugo). El PP solicitó la comparecencia de Atienza en el Congreso.

El ministro español de Exteriores, Javier Solana, criticó ayer "los incumplimientos de acuerdos comunitarios por algunos países, tanto en materia de pesca como en frutas y hortalizas", al referirse a estos enfrentamientos.Las cofradías de pescadores de bonito del Cantábrico criticaron el acuerdo y plantearán, en la asamblea que se celebrará hoy en el puerto lucense de Burela, mantener el amarre de los barcos en esa localidad lucense. La Xunta de Galicia, sin embargo, considera "positivo" el acuerdo porque supone un refuerzo del control comunitario sobre los barcos gallegos que actúan en la costera del bonito.

La tregua alcanzada en Bruselas es frágil, al no ponerse de acuerdos ambos países sobre una cuestión capital: si se puede o no llevar redes de repuesto en el barco. Francia ha condicionado los acuerdos de Bruselas a que España condene expresamente las acciones de violencia y a que el barco La Gabrielle, apresado por los pesqueros españoles, sea devuelto a las autoridades francesas.

La primera condición del acuerdo se cumplió ayer mismo, al rechazar Luis Atienza los actos violentos. La segunda se puede cumplir hoy, si los tripulantes de los 300 pesqueros españoles que escoltan a La Gabrielle hacia las costas de Galicia entregan el barco a las autoridades españolas en presencia de un inspector comunitario. Éste debe levantar acta sobre las redes que transportaba este barco. Según los españoles, fue abandonado por los pescadores franceses. Ellos mantienen que fue abordado por los españoles.

Mayor control

Ambos países aceptaron ayer las dos propuestas básicas de la Comisión: el aumento de la inspección y la prohibición de utilizar redes de más de 2,5 kilómetros. El primer punto consiste en el despliegue de ocho inspectores comunitarios a bordo de patrulleras de España, Francia, Irlanda y el Reino Unido, para controlar las labores de pesca de estos cuatro países.

Estos inspectores estarán facultados para abordar a los pesqueros que deseen inspeccionar. Sin embargo, la actuación comunitaria de control no irá más allá porque la imposición de sanciones a los pesqueros infractores depende de cada Estado.

En el segundo aspecto está la clave de esta crisis. La Comisión ha logrado imponer el criterio de que no se pueden utilizar redes de más de 2,5 kilómetros. Según Atienza, la Comisión ha aceptado también que no sólo no se pueden utilizar, sino que tampoco se pueden transportar más de 2,5 kilómetros de red, para evitar que los pesqueros cometan el fraude de enlazar varias redes. Según los portavoces del ministro francés, Jean Puech, en posteriores reuniones se ha de determinar cómo se resuelve el problema de las redes de repuesto.

Francia afirma que no está descartada la posibilidad de transportar redes de repuesto selladas. Atienza desmintió rotundamente a los portavoces de Puech y reiteró que la resolución de la Comisión prohíbe llevar redes de repuesto a bordo, ni selladas, ni lastradas, y que tan sólo se ha de acordar si las "redes de repuesto se transportan en un buque destinado a suministrarlas los pesqueros que las necesiten o directamente en las patrulleras de cada Estado miembro. Un desacuerdo en este punto dejaría sin contenido la tregua.

Un portavoz de la Comisión Europea advirtió a última hora de la tarde de ayer que la UE "sólo admitirá el transporte de 2,5 kilómetros de red y que las redes de repuesto deben ir en un buque auxiliar para suministrar los pesqueros que las necesiten".

Tras la reunión, Atienza afirmó: "Tenemos la razón, pero no hay que perderla con actos violentos". El ministro añadió que la actual crisis es consecuencia de la aplicación del principio de subsidiariedad, que delega en cada Estado miembro la responsabilidad sobre la aplicación de la política pesquera. El comisario de Pesca, el griego Yannis Paleokrassas, culpó de la crisis al Consejo de Ministros, por no haber aprobado el reglamento que propone Bruselas desde hace cuatro años.