Brasil

EL PAÍS publicó en su suplemento del pasado 22 de mayo el capítulo dedicado a los niños de la calle de Brasil, extraído de un libro que aborda el tema en diversos países. Habiéndose resaltado el caso de Brasil, creo interesante hacer algunas observaciones, siquiera breves, que complementan y puntualizan el texto publicado.Se comprueba por el texto que todas las informaciones utilizadas proceden de autoridades, personalidades y entidades que actúan en Brasil. Y esa circunstancia pone en evidencia que los brasileños son los primeros en reconocer los casos de amenazas a los derechos humanos que tienen lugar en su país. Dentro de un difícil cuadro de carencias generalizadas, es reconfortante comprobar -y es importante que eso sea debidamente difundido en el exterior- cómo el Gobierno y la sociedad se encuentran recíprocamente comprometidos en combatir no sólo las causas profundas del problema, es decir, las desigualdades sociales, sino también sus efectos negativos sobre la parte más desprotegida de la población.

Visiones parciales siempre conllevan prejuicios. Y el texto publicado el pasado domingo comete la injusticia de presentar a la sociedad brasileña como inerte ante un estado de cosas que, muy al contrario, repite diaria y contundentemente. No me referiré a algunas afirmaciones imprecisas presentes por el texto, como, por ejemplo, la que puede conducir al lector a la impresión de que la policía militar en Brasil -que se inserta en el ámbito de los Estados o autonomías- esté subordinada al Ejército -que es federal- Prefiero vislumbrar en imprecisiones de este tipo la buena fe de quien quizá no haya tenido tiempo de investigar más adecuadamente la materia, y no una actitud desprovista de ética inspirada por motivaciones políticas.

No podría, sin embargo, dejar de traer al conocimiento de la opinión pública española, que tanto y tan legítimamente se preocupa por este tema, la certeza de que la sociedad y el Gobierno de Brasil están haciendo notables progresos en el campo de los derechos humanos. El lector podrá pensar que no existe el Estatuto del Niño y del Adolescente, o que no se está tramitando en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para permitir que tribunales civiles juzguen a los miembros de la policía militar de los Estados. O que no exista una coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, por determinación expresa del presidente Itamar Franco, para definir y hacer cumplir medidas urgentes en aras a proteger y promover los derechos humanos en Brasil. El texto no reconoce tampoco lo

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que ya hicieron organizaciones no gubernamentales, con la autoridad, por ejemplo, de una Anti-Slavery International, es decir, reconocer plenamente las medidas que el Gobierno está tomando en el área de los derechos humanos.

Podría, a mayor abundamiento, enumerar además toda una serie de medidas y disposiciones tomadas por el Gobierno y por la sociedad. Me limitaré, no obstante, a citar la valoración, fuera de toda sospecha, del director ejecutivo de la Unicef, señor James Grant, cuando, en declaraciones en el National Press Club de Washington, el 21 de diciembre de 1993, afirmó que el retorno a la democracia en Brasil dio nuevo ímpetu a la protección de los niños y, por eso, sus muertes disminuyeron en gran medida. Embajador de Brasil.