La Cruz Roja afronta la elección de presidente con la peor crisis de su historia en democracia

Cruz Roja Española, nacida por decreto de la reina Isabel II en 1864, es hoy un gigante humanitario al que hace andar una legión de 10.000 trabajadores, 146.000 voluntarios y 620.000 socios. Controlada por el poder político de cada momento, esta organización tiene los pies de barro. "Si el presidente estornuda se dan de baja 50 socios", dice un ex responsable de Cruz Roja. Carmen Mestre, la última presidenta, no ha estornudado. Ha dimitido tras demostrarse que su gestión ha dañado a la entidad, situándola en una grave crisis económica y de imagen. En un tiempo récord -esta semana- habrá sustituto.

La Cruz, Roja supo adaptarse a la monarquía absoluta, a la República, a la guerra y al franquismo. Pero aún no se ha acoplado a la democracia. Dentro de la institución es un clamor, en el que está incluso la dimisionaria Carmen Mestre, la petición de democracia interna. Pero mientras llega, aún habrá que asistir esta semana a la elección por parte del Gobierno del presidente de una organización no gubernamental (ONG).El proceso democratizador lo puso en marcha el primer presidente socialista de la institución, Leocadio Marín, que se hizo cargo de ella entre 1985 y 1989. "Hasta entonces, la estructura era totalmente vertical. El Gobierno designaba a un presidente y éste, a su vez, a los presidentes regionales", explica Marín. "Introdujimos el sistema de ternas, elegidas en la institución para que el Gobierno nombre a uno de los tres candidatos sólo como paso intermedio". Ese es el paso que se ha mantenido después y el que ha hecho posible que la crisis de la Cruz Roja llegue al Parlamento, obligue a dar explicaciones a la ministra de Asuntos Sociales Cristina Alberdi y ponga en riesgo incluso el escaño de su antecesora Matilde Fernández.

Guerra de cifras

Las malas cuentas de resultados obtenidos por la presidenta Carmen Mestre al frente de Cruz Roja Española han provocado la crisis. La defensa del equipo de Mestre y la propia Matilde Fernández ha consistido en presentar una situación de partida catastrófica difícil de controlar. Pero hay versiones que lo desmienten. "Cuando llegué", explica Leocadio Marín, "encargué una auditoría a Arthur Andersen. El resultado fue que la auditora aseguraba que era imposible auditar las cuentas por falta de datos contables. Hicimos una auditoría cada año y en la última felicitaron a la institución por la labor realizada a este respecto".

Uno de los técnicos que trabajó con Marín -Mestre se deshizo del equipo de su predecesor- reconoce que la deuda con la Seguridad Social generada fundamentalmente en los hospitales era importante, pero añade: "No era ni la mitad de esos 7.500 millones que hay pendientes según la auditoría de 1992".

La guerra de las cifras se ha desatado y los datos -cuando los hay- no coinciden. Carmen Mestre, una vez cesada de su puesto, ha realizado un informe económico en el que asegura que la deuda acumulada de la entidad es de 10.000 millones y no de 15.000, como informó Asuntos Sociales. El mismo informe habla de radicales recortes de las pérdidas en 1993 y 1994, con datos que parecen haber salido de la nada en sólo quince días. Cuando este periódico los pidió la víspera de la dimisión de Mestre dijeron no estar disponibles.

Otro dato revelado ahora por Mestre es aún más inquietante: De la deuda de 1992 con la Seguridad Social y la Hacienda Pública, 625 millones de pesetas corresponden a la oficina central. Este dato echa por tierra el argumento de Asuntos Sociales de por qué Cruz Roja ha recibido subvenciones estatales a pesar de no estar al día en este pago, lo que es un requisito legal imprescindible: "Se canalizaban todos los programas humanitarios a través de la oficina central, que sí está al corriente de pagos".

Carmen Mestre ha aplicado a su gestión una filosofía que muchos comparten: deshacerse de la rémora de los hospitales y de los "activos ociosos" como son los inmuebles de poca utilidad. La organización, que nació y se dio a conocer por la asistencia médica, canaliza su actuación hoy en día hacia la inmigración, la población refugiada, la drogadicción o la asistencia a los ancianos. "En países como el nuestro, donde hay una sanidad universalizada, nuestros hospitales sobran", explican. De hecho, en los cinco últimos años el número de hospitales ha descendido de 27 a 22, y muchos de los que funcionan lo hacen concertadamente con el Insalud o el servicio regional de salud correspondiente.

¿Cuánta gente en plantilla trabaja para Cruz Roja? ¿Cuánta ha pasado a depender de la Administración sanitaria? Los datos no siempre están disponibles. La cifra de 10.000 trabajadores corresponde a la memoria de 1990. Ahora, Cruz Roja asegura tener 5.200, lo que es casi imposible si se tiene en cuenta que sólo en Cataluña hay 2.100. La de los voluntarios -146.000- es la dada esta semana por la organización. Tres días antes, la propia Mestre enviaba a este periódico la cifra de 133.886 voluntarios.

La institución, a medida que la democracia se hacía adulta, ha ido encerrándose en sí misma haciendo gala de una tremenda opacidad, como denunciaron recientemente los trabajadores. La nueva sede -fruto de la polémica permuta de edificios de 1991- es una buena muestra de ello. Un guarda jurado toma nota del carné de identidad antes de entrar siquiera al recinto del aparcamiento y unas cámaras de circuito cerrado vigilan el perímetro del edificio. Dentro, un mínimo de tres conserjes, avisados ya por el guarda jurado, reciben al visitante, al que incluso acompañan hasta el despacho correspondiente.

"La Cruz Roja es una institución maravillosa en la que la gente trabaja con entusiasmo", dice un presidente regional. "Nadie está aquí por la ideología, por ser de un partido u otro. Pero a veces tenemos paracaidistas".