Bravo: "La lucha contra el fraude no se acabará nunca"

J. R. /C.M. Manuel Bravo Pavía, 45 años, ingeniero industrial e inspector de Finanzas del Estado, ha dedicado gran parte de su vida profesional a descubrir y taponar las vías del fraude fiscal. Ha sido director general de Inspección hasta que hace un par de meses fue nombrado presidente de la Unidad Especial de Lucha contra el Fraude. Es el primer intento que se hace en la Administración española para abordar el problema del fraude como un todo que comprende desde el impago de impuestos y cotizaciones hasta. el cobro indebido de prestaciones o subvenciones. La idea es que, normalmente, todas estas prácticas están conectadas entre sí como si fuera un racimo de cerezas. Tiras de una y siempre te salen unas cuantas más.

Bravo pone el siguiente ejemplo: "Un taller totalmente sumergido en el que se confeccionan prendas para una marca; los rendimientos no se declaran en el impuesto de sociedades, tampoco se paga el IVA, ni la empresa está dada de alta en el impuesto de actividades económicas. Además, los sueldos de los trabajadores no se retienen a efectos del IRPF ni se paga la Seguridad Social; y, por último, algunos de sus trabajadores cobran el desempleo".

Éste es un caso extremo pero indica, en opinión de Manuel Bravo, "que no se puede tener una visión parcial del problema del fraude". Tampoco se puede abordar sólo desde la perspectiva de Hacienda, "hay que implicar y coordinar los esfuerzos de otros departamentos y de otras administraciones".

Para ello, la primera dificultad con que se encuentra la Unidad es que "cada organismo público tiene organizada la información a su inanera". En la actualidad, "un ciudadano tiene varias identificaciones, desde el carné de identidad, al número de la Seguridad Social o el número de identificación fiscal". El problema es que "hay dificultades para cruzar, por ejemplo, los datos de las cotizaciones a la Seguridad Social que hace una empresa con las retenciones que se practican a efectos del impuesto sobre la renta". Bravo avanza que la Unidad va a poner de manifiesto la necesidad de unificar los códigos de identificación.

También apunta las limitaciones jurídicas que existen en la actualidad para que los datos concretos de que dispone la Administración sobre un ciudadano puedan utilizarse para fines distintos a los requeridos. "Ya hemos consultado a los servicios jurídicos del Estado para ver en qué casos concretos estas limitaciones pueden levantarse, aunque no es fácil", según reconoce.

Además de esta estrategia de "acercamiento al fenómeno del fraude desde una perspectiva global", la Unidad quiere implicar a toda la sociedad para "llegar a desentrañar sus causas". Con este fin, se ha decidido encargar una encuesta al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se ha entrado en contacto con los agentes sociales y profesores universitarios y se ha pedido información a las embajadas españolas en otros países. Porque, para Bravo, "la lucha contra el fraude no se acaba nunca con mecanismos únicamente represores; su origen último está en factores educacionales".

Bravo dice que este fenómeno no es exclusivo de España, sino que existe en todos los países avanzados "se reconozca o no". Y añade: "Hasta el nuevo Catecismo lo contempla". En su opinión, "hay que concienciar a los ciudadanos de que ésta es una cuestión moral, de convivencia dernocrática".