Hacienda rebajará las sanciones por fraude fiscal para agilizar el cobro de las deudas tributarias

La nueva Ley General Tributaria que prepara el Ministerio de Economía y Hacienda contemplará una reducción de las sanciones que se aplican a los defraudadores. La intención es agilizar el cobro de las deudas tributarias y evitar largos procesos ante los tribunales. Los altos cargos de este departamento consultados consideran que las sanciones por la vía administrativa no deben ser superiores a las que se imponen en los procesos penales, como habitualmente ocurre en la actualidad. Este criterio más pragmático es el que llevará a cabo el nuevo equipo del Ministerio de Economía y Hacienda en su estrategia contra el fraude fiscal.El Ministerio de Hacienda se ha planteado, como uno de sus primeros objetivos, redactar una nueva Ley General Tributaria que modificará el actual régimen de infracciones y sanciones. En la actualidad, la inspección de Hacienda puede imponer una multa de hasta el 300% de la cuota defraudada. Es decir, que si la deuda descubierta asciende, por ejemplo, a 10 millones de pesetas, el defraudor tendrá que pagar los 10 millones, más los intereses de demora y, en los casos extremos, otros 30 millones de multa. Sin embargo, cuando el caso llega a lo penal, es decir, siempre que la deuda supere los cinco millones de pesetas, la experiencia demuestra que los tribunales suelen ser reacios a imponer sanciones.

Según explica Magdalena Álvarez, directora general de Inspección, "aunque difícilmente se llega a imponer la sanción máxima, estoy de acuerdo en que éstas son fuertes y soy partidaria de suavizarlas". En su opinión, "la cuantía de la sanción no debe desalentar el pago de la deuda". Manuel Bravo, presidente de la Unidad Especial de Lucha contra el Fraude, afirma que "las sanciones en la vía administrativa son altas en relación a la penal; los jueces suelen quitar las sanciones". Bravo es partidario de "discriminar muy bien a la hora de aplicar las multas y, con carácter general, rebajarlas".

En este mismo sentido, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha enviado una carta al ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en la que pone de manifiesto "el daño que hace al empresariado español el régimen sancionador vigente, en comparación con el que han de soportar las empresas de nuestro entorno". Añade que "el durísimo régimen sancionador fiscal español no ha contribuido a mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos".

Agravio comparativo

Según un informe elaborado por el REAF, en Francia la sanción normal es del 40%, que se eleva al 80% en los casos de mala fe, lo que en todo caso corresponde probar a la Administración Tributaria. En el Reino Unido, la sanción máxima por declaraciones incorrectas o por no presentación es del 100%; en la práctica, si media colaboración del contribuyente, la sanción es del 25%; en los casos de fraude, la multa oscila entre el 50% y el 75%. Por último, en Alemania, la sanción administrativa es de hasta 100.000 marcos (unos ocho millones de pesetas) en el caso de negligencia grave.

La reflexión que ahora se hace el Ministerio de Hacienda es cómo conseguir que los defraudadores a quienes se les ha detectado una deuda no firmen en disconformidad para retrasar el pago. La convicción sobre la que trabajan los responsables de Economía es que rebajando la multa se facilitará el pago de las sanciones porque habrá más actas de conformidad. Además, consideran que el nuevo régimen conllevará una menor actuación de los tribunales.