Inflexibilidad sindical

A NADIE se le puede criticar por dos cosas contrarias a la vez; quien lo practica, hace demagogia. No se puede acusar al Gobierno, en este caso, de no agilizar las reformas estructurales que necesita la economía (casi universalmente reconocidas) y al mismo tiempo poner el grito en el cielo porque establece una fecha tope para conseguir el pacto social. O una cosa o la otra. Las desastrosas señales económicas que viene dando el mes de noviembre indican claramente que el tiempo se ha acabado y que es hora de decidir y de decidirse sobre las fórmulas concretas que han de re gir las relaciones industriales en España durante los próximos años.Al estupor por las cifras de paro registrado en el Instituto Nacional de Empleo (Inem) en octubre, conocidas el jueves (casi cien mil nuevos desempleados), se añade el diagnóstico nada optimista del Banco de España correspondiente al tercer trimestre del año: continuidad de la recesión, al tiempo que se pone en cuestión el escenario de recuperación en el que el Gobierno sustenta su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994. Y todavía han de conocerse en lo que resta de mes otros indicadores que difícilmente podrán actuar como paliativos de la severidad de la recesión española.

El índice de precios al consumo (IPC) correspondiente a octubre, la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, el déficit de caja del Estado y el déficit comercial, también referidos a ese mes, no harán sino confirmar las dificultades objetivas para que el inicio de la recuperación económica coincida con el del año 1994. El diagnóstico del Banco de España es explícito: el producto interior bruto (PIB) siguió descendiendo en el tercer trimestre a un ritmo interanual del 1%, después de haberlo hecho en el segundo al 1,2%. Con éste son ya cuatro trimestres consecutivos de variación negativa del PIB, en lo que incide de forma especial la cada vez mayor debilidad de la demanda interna y el deprimido comportamiento de la inversión en el sector de bienes de equipo.

En ese contexto chocan más y son menos comprensibles las dificultades que parecen encontrar las fuerzas políticas y los agentes sociales a la hora de conjugar esfuerzos y de dar respuestas efectivas en la tarea de mejorar las condiciones de la economía. La poca disposición de los socialistas a la discusión parlamentaria de las enmiendas del Partido Popular (PP) al proyecto de presupuestos dice muy poco de su capacidad para articular el diálogo y aunar esfuerzos en la gestión de la crisis. La posterior rectificación debería interpretarse como un nuevo talante con el que afrontar el debate en el Congreso del documento más vinculante de la política económica.

En ese debate, los principales partidos de la oposición tienen que detallar sus objeciones y proponer alternativas de política presupuestaria que vayan más allá de esa recurrente y huera reclamación de "un cambio de política económica", que tanto limita su credibilidad ante los ciudadanos.

Acuerdos concretos son los que se necesitan igualmente en las negociaciones sobre la reforma del mercado de trabajo y sobre una política de rentas. La rectificación por parte del Gobierno de algunas de sus propuestas iniciales -retirada de la incompatibilidad entre indemnización por despido y seguro de desempleo, nueva cláusula de revisión de las pensiones, cotización menor para los traba adores en paro que para los ocupados y reapertura de la negociación salarial en la función pública- pone de manifiesto una flexibilidad que, de momento, no ha tenido correspondencia en los representantes sindicales, que permanecen como estatuas mientras se acumulan las cifras de desempleo.

Ello es indicio de una percepción muy equivocada del gravísimo contexto en el que está inmersa la economía española, lo que introduce un elemento añadido de preocupación.

La ruptura del diálogo social no evitaría, probablemente, la realización de algunas de las reformas que precisa con urgencia el mercado de trabajo, pero impediría asentar sobre bases ciertas y estables la superación de una crisis económica que, lejos de constituir una mera sucesión de fases cíclicas como otras anteriores, dejará cicatrices poco menos que indelebles en el Estado de bienestar de los españoles. Si ello ocurriese, será el momento de establecer la responsabilidad que corresponde a cada parte; en una recesión tan profunda como la actual, los intereses políticos particulares deben doblegarse a los generales. Salir de ella no corresponde sólo al Gobierno.