El Gobierno ultima normas sobre el audiovisual para disminuir los efectos de la "especificidad" en el GATT

En el sector audiovisual y en el Gobierno domina ya la sensación de que el conflicto, establecido entre la Comunidad Europea y Estados Unidos sobre la regulación del audiovisual del GATT se resolverá con la cláusula de la especificidad. Ello está llevando al Ejecutivo a ultimar normas de protección en dicha materia para evitar los vacíos existentes en la actual regulación. La razón es clara: el término especificidad significa que EE UU respetará las normas existentes en cada país en el momento de la firma del GATT, pero que no se podrán hacer regulaciones posteriores. Esta constatación ha hecho acelerar las reuniones entre el sector y el Gobierno, que celebraron ya un primer encuentro el pasado día 28 de octubre, señalan fuentes empresariales. "Este encuentro produjo una aceleración de los intercambios entre el Gobierno y los. productores", informaron las mismas fuentes. José María Otero, presidente de la Fundación Procine, que agrupa a destacados productores españoles, estableció como término máximo para la aparición de nuevas regulaciones el próximo día 18 de noviembre. El día 15 de diciembre debería llegarse al acuerdo.Las lagunas que los profesionales del cine denuncian en el sector audiovisual se recogen en un documento marco que el próximo dos de diciembre presentarán todos los profesionales de, la industria en un cine madrileño -todavía por determinar-. El documento profundiza en las reclamaciones que ya fueron presentadas al gobierno en la reunión del 28 de octubre.

El documento se inicia alertando de los efectos que la carencia de una política global de fomento de la industria audiovisual española tendrán en el mercado a finales de este año: el dominio de las distribuidoras multinacionales alcanzará el 91%. El documento exige también medidas concretas, que son las que deben solucionarse en sentido positivo estos días: plan de producción mínima de 70 largometrajes al año, con el efecto de la creación de 4.500 a 5.000 empleos nuevos; obtener de las televisiones públicas el compromiso de invertir en producción independiente.

El documento pide también: la concesión de ventajas fiscales a la inversión en la producción y la inclusión en la Ley de Mecenazgo de la producción cinematográfica. Uno de los aspectos que los productores consideran que resulta más urgente regular es la transposición de la directiva de Televisión sin Fronteras. El texto atiende también a los problemas de distribución y exhibición de la industria audiovisual.

Así, los cineastas piden que se adopten medidas "para el apoyo de la distribución independiente y para evitar el abuso de posiciones dominantes", y plantean la necesidad de que se creen "sistemas de ayuda a la exhibición". El texto será presentado en ese acto, entre otras asociaciones, por la Federación de Asociaciones de Productores de España, la Fundación Procine, la Sociedad General de Autores, o la Unión de Actores Españoles.