Tasas y becas

LA UNIVERSIDAD vuelve a ser objeto de debate público, corriéndose el riesgo, como en otras ocasiones, de que éste se centre en aspectos más bien periféricos e ignore los problemas de mayor calado que aquejan a una institución tan compleja, pero tan básica para el futuro de nuestra sociedad, como es la universitaria. Concretamente, las recientes movilizaciones estudiantiles han girado en torno a la mayor o menor subida de las tasas, aunque en su trasfondo latieran inquietudes de índole más general.Las tasas universitarias, que representan, hoy por hoy, algo menos del 20% del presupuesto universitario, son una aportación de los usuarios a un servicio público que no es extensible a la totalidad de la población y que, en su mayor parte, está financiado por el conjunto de los ciudadanos, vayan o no vayan a la Universidad. Lo que resulta de todo punto exigible es que ningún joven con capacidad y motivación suficientes quede fuera de la Universidad por motivos económicos. Y eso puede conseguirse con un sistema de tasas muy bajas para todos, o bien con un sistema de tasas más altas para quienes puedan pagarlas y de becas para quienes carezcan de medios económicos. En las condiciones actuales parece más solidario el segundo sistema que el primero, puesto que pone el énfasis en quienes verdaderamente tienen dificultades y exige más de quienes pueden permitírselo. El problema no es, pues, la cuantía de las tasas que pagan algunos, sino la política de becas necesaria para que muchos no tengan que pagarlas.

Pero no se explicaría la amplitud de la movilización estudiantil si no existieran otros motivos de malestar social en relación con la Universidad. Uno de ellos, que ha venido teniendo un efecto acumulativo en los últimos anos, es la falta de adecuación de la oferta de plazas a la demanda en determinadas carreras, con la consecuencia de que una fracción creciente de estudiantes, especialmente en las universidades más demandadas, no pueda estudiar la carrera de su primera opción.

La resolución de este problema no es fácil ni puede ser inmediata; la oferta en instalaciones y profesores se desarrolla más lentamente que la demanda hacia determinadas carreras, aunque hay que señalar que la actitud corporativa de universidades, profesores y profesionales no facilita, en ningún modo, el necesario proceso de adecuación. Por otra parte, las justificadas protestas por la masificación de determinados centros y por la escasa preparación de ciertos profesores son contradictorias con la reivindicación de que cualquier estudiante estudie lo que desee, independientemente de las posibilidades de acogerles en condiciones de mínima dignidad.

Es indudable que las malas perspectivas de empleo, comunes para todos los jóvenes, incluso peores para los que carecen de titulación universitaria, son también un factor de malestar para los estudiantes. La utilidad social y personal de sus carreras se les aparece más que dudosa en el actual contexto de falta de creación de empleos. Relacionado con todo ello está el problema de fondo presupuestario, manifestado en la desproporción entre lo que se exige del sistema universitario y los medios que se le asignan.

El estancamiento, o incluso la disminución, de los presupuestos en los tres últimos años se ha producido en un contexto muy desfavorable, cuando la Universidad se encontraba en plena fase de expansión, con una reforma de planes de estudios que requiere de más medios y de forma más sostenida. El proceso de implantación de nuevos estudios o de desarrollo de nuevos planes no puede detenerse un vez iniciado, por lo que tampoco debería detenerse la cobertura presupuestaria correspondiente. La Administración tiene la obligación de ser coherente con los procesos que promueve y no frustrar las expectativas que genera si no quiere crear un clima generalizado de inquietud.