Un torrente de insolidaridad

Día de cobro del paro en una oficina bancaria en Alicante. El director de la sucursal se asoma al patio de operaciones y dice: "Señores, vamos a abrir una ventanilla más para quienes tengan que ir a trabajar". Inmediatamente, alrededor de una tercera parte de las personas que formaban la cola inicial, aceptaron gustosamente la invitación.El testimonio de un ex diputado que asistió a esta escena es la muestra evidente de que el fraude y las irregularidades minan la justa distribución del seguro de paro. Pero, ¿cuál es el alcance real de esa anormal situación?. "Ésa es la pregunta del millón", reconoce el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Carlos Navarro. "Nuestros datos apuntan a que el fraude ronda entre el 6% y el 10%, aunque somos conscientes de que realmente esa cifra es más elevada", apunta. Opinión que no es del todo compartida por el secretario de Empleo de CC OO Madrid, Pedro Reyes: "Es el chocolate del loro".

Los datos a los que se refiere Navarro muestran que en los nueve primeros meses del año, de las casi 190.000 inspecciones realizadas, tan sólo se han detectado unas 10.884 infracciones, 7.234 de las cuales fueron protagonizadas por trabajadores (Véase cuadros 1 y 2). Por comunidades autónomas, la más sancionada es Andalucía, seguida de Cataluña , Valencia, Madrid y Galicia (Véase cuadro 2). Todas esas actuaciones han supuesto a las arcas públicas un ahorro de casi 15.000 millones de pesetas en nueve meses, entre el importe que deben devolver los sancionados y el no gastado como consecuencia de la suspensión de la prestación.

¿Pero es éste el volumen real del efecto fraude sobre las cuentas del Reino? "Aunque es imposible determinar la cuantía del fraude, el propio día a día demuestra que es muchísimo más cuantioso", señala el abogado laboralista Gabriel Gómez. "Aunque queda lejos aún del volumen del fraude fiscal", coinciden en afirmar Navarro y Gómez.

El catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, José Manuel Almansa Pastor, apunta otro efecto no deseado del fraude laboral. "El fraude es, además de una rémora contra la que es necesario luchar, una gran muestra de insolidaridad. No sólo porque recorta un derecho colectivo, sino porque bloquea el acceso a un puesto de trabajo o a un subsidio". Aceptando este planteamiento, el asesor de UGT Domingo Bartolomé reflexiona: "Sería injusto dar la imagen de que el trabajador es un defraudador nato, cuando el mayor beneficio de estos fraudes los recoge el empresario".

Al margen de los inevitables diferentes puntos de vista que suscita un asunto tan polémico como éste, algo en lo que sí hay consenso es en la existencia de un especie de cultura del fraude. Un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de auténticos especialistas en buscar la triquiñuela, la trampa, el resquicio legal, el fraude puro y duro o el fraude ético. Los profesionales del paro.

Dentro de la tipología del fraude, el ejemplo más típico consiste en la persona que simultanea el cobro del paro con algún trabajo bajo cuerda, es decir, el imperio de las chapuzas.

A partir de ahí, la picaresca ha desplegado todo un amplio abanico de irregularidades. Una de las más habituales es el pacto entre el empresario y el trabajador para que la salida voluntaria de éste sea considerada como un despido. La empresa fija una indemnización ficticia que no abona -nada o en parte- y el empleado se acoge al seguro. Algo parecido sucede en algunos expedientes de regulación de empleo, en los que se pacta una indemnización durante el acto de conciliación jugando con la cuantía del seguro para recortar los costes empresariales.

Esta doble práctica suele ser sólo un primer paso en la cadena del fraude. En un gran numero de ocasiones, esa connivencia entre empresario y empleado o empleados acaba con el segundo o segundos trabajando sin nómina cobrando en negro y ahorrando gastos a la compañía. Algo similar sucede al pairo de las relaciones familiares. Es el típico caso de la pequéna empresa que salpica de altas y bajas laborales el expediente de uno o varios de su familiares mientras ocupan un puesto fijo.

Hasta aquí, la tipología del fraude más corriente. Sin embargo, la ingeniería del fraude ha ido mucho más allá. Gómez destaca, por ejemplo, el fraude ético. "¿Cómo cabría denominar si no a un alto directivo que recibe una multimillonaria indemnización y, además, se apunta al paro. O a esa otra persona que pidió capitalizar el paro simplemente para comprarse un coche de lujo, porque tiene sus ingresos garantizados en la economía sumergida [esta posibilidad ahora está muy controlada, limitada a ciertas sociedades y sujeta a la aprobación de una plan de viabilidad]. O a esa pareja que decide que uno de sus miembros renuncie a la posibilidad de trabajar o de buscar trabajo porque es más cómodo, aunque se mantenga. cobrando el paro", reflexiona.

La cobertura de bajas por enfermedad suele ser otra vía de engaño o fraude, aunque para que esto se produzca debe haber cooperación por parte de los médicos. Además, el año pasado se produjo una importante modificación en la Incapacidad Laboral Transitoria (ILT). Hasta entonces, los gastos de los cuatro primeros días de baja por enfermedad corrían a cargo de los empresarios, plazo que se ha ampliado hasta 15. "Esta medida ha recortado el fraude, aunque ha provocado un curioso fenómeno: los médicos de la Seguridad Social, en caso de enfermedades de una cierta duración están dando bajas de quince días, altas por dos o tres y, después, otra vez la baja", señalan analistas sindicales y empresariales.

Amplia tipología

Almansa aún amplía más el muestrario. "También existe lo que podríamos llamar el fraude por caridad. Es frecuente encontrar, sobre todo en pequeños pueblos, el caso de una señora mayor que, al quedarse viuda, se encuentra sin recursos y es ayudada por una certificación de que ha estado trabajando sellada por el propio Ayuntamiento de la localidad".

Y riza el rizo: "Aunque tal vez él caso más curioso con los que me he encontrado es el siguiente: una compañía que construye y vende un piso ayuda con el dinero de todos a que su cliente compre. ¿Cómo?. Muy sencillo. Da de alta a uno de los miembros de la familia, la mujer en casi todos lo casos, como si hubiera estado trabajando a sus órdenes. Posteriormente, simula el despido de tal forma que el supuesto trabajador cobra el correspondiente paro. Este cobra su percepción, que va directamente a las arcas de la empresa constructora o promotora".

Este simple recuento de algunas prácticas irregulares mueve a una inmediata interrogante. ¿Cómo se puede atajar este torrente de insolidaridad?. "Concienciación e incremento del control", responden al unísono Gobierno, sindicatos y empresarios. De momento, el Ejecutivo tiene preparado cinco bloques de medidas dirigidas a clarificar el alcance del fraude y a ponerle coto.

El primer bloque de medidas contemplará -dentro de la disciplina de la unidad interministerial contra el fraude recientemente creada-, cruzar los datos de Hacienda, del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y la Seguridad Social. La puesta en marcha de esta medida sólo sería posible si no se vulneran los preceptos legales que preservan este tipo de informaciones. Dentro de este apartado, los responsables de Trabajo tienen previsto encargar al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) una macroencuesta, así como realizar varias reuniones -tormentas de ideas- con empresarios, sindicatos, sociólogos...

El segundo bloque estará dirigido a sensibilizar a la sociedad por un doble mecanismo: una campaña en los medios de comunicación y la entrega de un folleto a todas las personas que pasen por las oficinas del Inem en las que se les informará de sus derechos y obligaciones.

La tercera línea de actuación consistirá en actuaciones selectivas realizadas por la Inspección de Trabajo. Este refuerzo de la vigilancia se efectuará en sectores productivos como la construcción, la hostelería, el comercio, el turismo o el cuero, y a zonas geográficas como las costas mediterránea o andaluza.

El cuarto bloque descansará sobre la mejora de la gestión en todos aquellos trámites en los que deben intervenir el Inem y la Seguridad Social. Además, Trabajo pretende reforzar los controles de parados en las oficinas del Inem, vigilar más de cerca los fraudes en ILT e invalidez permanente y facilitar la reinserción en el mercado laboral de los beneficiarlos del paro.

El quinto paquete de iniciativas que prepara el Ministerio de Trabajo irá dirigido a endurecer las sanciones y a facilitar la labor de la Inspección. Para lograr este segundo objetivo, tiene previsto disponer que la empresa tenga la obligación de dar de alta a un empleado en la Seguridad Social antes de que empiece a trabajar. En este momento, la práctica habitual es dar el alta después de que se comience a trabajar. Como complemento, el departamento que dirige José Antonio Griñán tiene entre sus planes solicitar al Ministerio del Interior que los inspectores de Trabajo tengan ayuda policial o de la Guardia Civil cuando giren sus visitas de control.