Un estrepitoso fracaso

El nuevo plan sustituirá al de 1988-93, que resultó ser un fracaso, reconocido por todos, incluido el ministro de Obras Públicas, José Borrell. Todas las previsiones se tradujeron en un debate sobre incineración sí, incineración no, que bloqueó diversos proyectos millonarios.Ese primer plan, que señalaba que España producía 1,7 millones de toneladas anuales de basuras tóxicas peligrosas, ya se marcaba como objetivo para 1993 reducir en un 15% la generación de esos residuos -el mismo porcentaje que el nuevo plan fija para 1998-. Preveía incinerar unas 100.000 toneladas por año, para lo cual calculaba que se necesitarían tres plantas incineradoras de residuos industriales. Contemplaba una aportación estatal de 22.000 millones de pesetas, que se complementaría con aportaciones de las comunidades autónomas y empresas privadas hasta llegar a una inversión total de 62.000 millones. Pero todo se quedó en prácticamente nada. Y ahí siguen alrededor de 18.000 instalaciones industriales generadoras de basuras tóxicas.

La sorpresa de Almadén

El traspié más sonado fue el de la incineradora de residuos industriales que se iba a construir en Almadén (Ciudad Real). José Borrell la daba ya por hecha, cuando el Gobierno regional de Castilla-La Mancha decidió prohibirla por su fuerte impacto ambiental. El incidente produjo incluso un tira y afloja entre José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, y Borrell.Otros proyectos de plantas incineradoras cayeron estrepitosamente. Entre ellos, el de Miramundo (en Medina Sidonia, Cádiz) y el de Monteagudo de las Vicarías (Soria).

Según un informe de Greenpeace, el fracaso del plan se debió a dificultades presupuestarias, falta de coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno, insuficiente información a la opinión pública por parte de la Administración, falta de diálogo con las fuerzas sociales implicadas y una inercia industrial con escasa visión de futuro que no apuesta por las tecnologías limpias (aquéllas que producen menos residuos).

Organizaciones ecologistas como Greenpeace y Aedenat, y sindicatos como CC OO, hicieron un espectacular despliegue de pancartas, manifestaciones y protestas de todo tipo para oponerse a las incineradoras, por considerar que de ellas emanan gases y sustancias tóxicas, perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Las asociaciones de vecinos de las localidades donde existían proyectos de instalar incineradoras se apuntaron enseguida a las protestas de los ecologistas.