El Gobierno quiere integrar a los funcionarios en la Seguridad Social
El Gobierno se propone integrar en el sistema de pensiones de la Seguridad Social a los trabajadores del sector público, un colectivo superior a 1,3 millones de funcionarios que están ahora encuadrados en una mutualidad propia (MUFACE). Esa medida se recoge en el documento que entregaron los ministros de Economía, Pedro Solbes, y de Trabajo, José Antonio Griñan, a sindicatos y empresarios el pasado jueves.El propósito del Gobierno es continuar el proceso seguido en años pasados de integrar en la Seguridad Social a todos los colectivos de trabajadores que no pertenecían al sistema público, y que estaban encuadrados en sus propias mutualidades de previsión social. La última incorporación importante ha sido la de los trabajadores activos y pasivos de Telefónica, paralelamente a la disolución de la Institución de Previsión Telefónica (ITP).
Los funcionarios, al igual que ocurría con los empleados de la citada empresa, disponen ahora de un régimen especial en cuanto al sistema de jubilación y de unas prestaciones sanitarias con libertad de elección.
La discusión de ese proceso, junto a las reformas en el sistema de las futuras pensiones, la plantea el Gobierno con menos urgencia que el resto del temario del pacto social y desea que se discuta hacia el próximo mes de noviembre.
Las reformas en su conjunto suponen un endurecimiento en las condiciones para acceder a una pensión. El objetivo del Gobierno es mantener la relación entre activos y pasivos en el nivel actual de 2,2. Es decir, que por cada jubilado haya 2,2 trabajadores activos para asegurar la estabilidad financiera del sistema.
Por tanto, el previsto aumento anual del 2% del número de pensionistas en las próximos años -sin que quepa esperar un aumento similar de trabajadores activos- amenaza la estabilidad del actual sistema, en opinión del Gobierno.
Periodo de cotización
Para lograr este "norte de referencia", según se especifica en el documento entregado a patronal y sindicatos, el Gobierno propone toda una batería de medidas. Una sería alargar el periodo de cotización con el que se calcula la pensión. Al considerar un periodo más amplio de la vida laboral, la cuantía de la pensión se reduce, puesto que los primeros años de cotización suelen implicar salarios más bajos.Acercar la cotización al salario realmente percibido (los denominados destopes) y endurecer la penalización por adelantar la pensión (actualmente en un 8% anual) son otras dos medidas contenidas en el documento. "Todo ello dentro de un esquema de mantenimiento de la relación activos / pasivos", explica el Gobierno, lo que deja abierta la posibilidad de aumentar los años de cotización necesarios para acceder a una pensión. El mínimo actual para una pensión contributiva es de 15 años.
Además, sería necesario, en opinión del Ejecutivo, modificar las pensiones por invalidez, de forma que su cuantía dependa más de lo cotizado durante los años de trabajo y no tanto del grado de invalidez, homogeneizar fiscalmente las distintas modalidades de pensiones y trasladar algunas contributivas al sistema asistencial. La lista se cierra con la propuesta de acentuar la lucha contra el fraude, tanto en las cotizaciones como en el acceso y mantenimiento de la pensión.
