La nueva ley de Montes prevé ventajas fiscales para los propietarios de bosques privados

La nueva Ley Básica de Montes y Aprovechamientos Forestales, que prepara actualmente el Ministerio de Agricultura, sustituirá a la actual de 1957 y traerá significativos cambios a la superficie forestal española. Incluye la puesta en marcha de planes nacionales para luchar contra la desertificación y la declaración de zonas especiales de peligro para combatir mejor los incendios. Además, contemplará exenciones fiscales de hasta el 90% para los propietarios particulares de montes y la creación de un catálogo español de montes privados con los que exijan especial protección.

"La ley actual se ha quedado totalmente obsoleta; entre otras cosas, porque no responde en absoluto a las competencias autonómicas", dice Nicasio Guardia, presidente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) -propietarios privados de montes- La parte más complicada es la de hacer compatibles la competencia estatal con las autonómicas. Un problema parecido al de otra ley que Agricultura tiene ya a punto para enviar a las Cortes: la de vías pecuarias.Otros países de la CE, como Grecia, Irlanda e Italia, ya han desarrollado leyes de este tipo. España cuenta con 8,4 millones de hectáreas de arbolado normal; 4,1 millones de arbolado ralo; y 13 millones de hectáreas de monte, pero sin árboles.

El borrador de esta ley destaca que la situación agrícolarural de la CE obliga a una transformación radical. Hay muchos excedentes de productos agroalimentarios y un fuerte déficit, en cambio, de productos forestales (más de dos billones de pesetas por año en el conjunto de la CE; España ha duplicado las importaciones de madera entre los años sesenta y los ochenta).

Además, se ha impuesto una nueva concepción del valor del bosque; no sólo asociada a la industria papelera y maderera, sino también a la protección de la Tierra frente a los grandes problemas ecológicos: falta de agua, erosión del suelo, cambio climático, pérdida del paisaje y de especies de flora y fauna.

Medidas de protección

La nueva ley incluye la preparación de planes nacionales contra la desertificación, el fomento de la producción forestal, el aprovechamiento sostenible de los montes y la protección del monte contra incendios, plagas y contaminación (lluvia ácida). La ley subraya que los montes constituyen "una clase de propiedad sujeta a la tutela de los poderes públicos por su condición de recurso forestal esencial".De ahí que prevea la adopción de un Catálogo de Montes Protectores, "para formar una red de montes de propiedad privada que por su especial interés tengan un régimen similar a los del Catálogo de Utilidad Pública, con las compensaciones pertinentes".

Según José Manuel Mangas, jefe del servicio de Bienes y Patrimonio forestal del ICONA, este Catálogo de Utilidad Pública incluye todos aquellos montes de propiedad pública (municipal, estatal, de comunidades autónomas, Diputaciones ... ), con una extensión total similar a la de toda la comunidad de Castilla y León.

Este catálogo procede de los tiempos de la Desamortización de Mendizábal, el siglo pasado, y ha permitido proteger de la especulación terrenos que se consideraron de especial interés. Ahora se pretende crear un inventarlo similar con los montes privados.

La ley deja muy claro que la detección y extinción de incendios forestales es "responsabilidad de los poderes públicos, cualquiera que sea la titularidad de los montes"; y que los montes se gestionarán "asegurando el aprovechamiento sostenido compatible con la persistencia del sistema y su capacidad productiva".

Nicasio Guardia, que es también ingeniero de Montes, subraya que la propiedad forestal se ha hecho muy poco rentable económicamente en los últimos años. "Los mayores beneficios de un bosque no son para el propietario, sino que son beneficios para toda la sociedad. De ahí que creamos que los propietarios forestales soportamos ahora una presión fiscal excesiva. Es muy importante que articulen ya sistemas de exención fiscal". El 68% de la superficie forestal española está en manos privadas, según el Inventario Forestal Nacional.

En este sentido, el borrador de la futura ley de Montes señala: "Se establecerán beneficios para los propietarios que individual o agrupadamente se comprometan a mantener unidades de explotación de dimensiones adecuadas y a aprovecharlas a través de los planes de Gestión Forestal. Los beneficios podrán ser: hasta el 90% de los impuestos de base territorial y de los impuestos de sociedades, tratamiento específico respecto al IRPF, impuesto de transmisiones inter vivos y mortis causa".