El gasto social redujo la diferencia de renta entre Comunidades en 7,6 puntos en 10 años

La Seguridad Social ha sido el gran instrumento de la operación de redistribución a través del gasto social efectuada en España en los años ochenta. Y ello tanto a nivel individual (entre ricos y pobres) como territorial (entre Comunidades Autónomas). Con un incremento de] gasto del 271% entre 1981 y 1991 -de 2,5 billones de pesetas a 9,4 billones-, se ha logrado reducir en 7,65 puntos la distancia entre el limite inferior y superior de renta familiar por Comunidades.

La redistribución territorial -ayudando más a las regiones con menos renta- ha sido uno de los objetivos primordiales de la Seguridad Social en la década pasada, según Adolfo Jiménez, secretario general para este organismo. Jiménez presentó estos datos en las jornadas que la Fundación Argentaria organizó recientemente en Madrid sobre La Igualdad,y la distribución de la Renta y la Riqueza. Según estas cifras, siete Comunidades Autónomas (Canarias, Extremadura, Castilla León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Gralicia y Baleares), además de Ceuta y Melilla, disfrutaron de un crecimiento de las prestaciones sociales superior a la media nacional, que se situó en el 14,03%. Mientras que en 1981, estas Comunidades, entre las -que se encuentran algunas de las más pobres o con menor renta, absorbieron el 39,6% del gasto social, diez años más tarde, en 1991, ha bían logrado el 42,6%.

Aumento de la renta disponible

En las familias cuya renta se sitúa por debajo de la renta, este aumento del gasto social supone, de entrada, un porcentaje mayor respecto a su consumo medio que en los hogares mas ricos. Así, en Extremadura, con un 25,89%, Andalucía, 23,65% o Asturias, 28,45%, las ayudas sociales supusieron un porcentaje más elevado de la renta disponible de las familias que en Cataluña (18,32%), Madrid (17,72%) o Baleares (17,84%) en 1991.Como consecuencia de todo ello, el impacto de las prestaciones sociales en la renta familiar se elevó en los ochenta del 17,46% de la renta disponible al 20,67%. Debido a que, proporcionalmente, hay más familias con rentas bajas en Comunidades tradicionalmente pobres, el efecto distributivo territorial, y no sólo social, fue significativo. En una, lista ordenada por renta familiar disponible, la distancia entre la primera -Cataluña-, que dispone de un 121,61% de la media de renta familiar española, y la última -Ceuta-, con sólo un 76,85%, fue de 44,76 puntos porcentuales en 1991. Ahora bien, si de esta renta familiar se eliminan las prestaciones sociales, la renta media disminuye, pero las diferencias entre pobres y ricos aumentan hasta 52,47 puntos. Es decir, se puede cuantificar el efecto redistribuidor de las prestaciones en 7,65 puntos. La variación a lo largo de la década pasada de estas dos magnitudes -la diferencia en la rentá familiar entre comunidades pobres y ricas, con y sin prestaciones sociales- también depara alguna sorpresa. En 1981, la brecha entre la primera y la última de la lista, era de 48,101 puntos, cuatro más que en 1991. Pero si no se contabilizan los gastos so ciales, ese mismo arco era de 53,24 puntos, prácticamente el mismo que diez años después.Frente a la progresividad en la distribución del gasto público destaca la relativa rigidez en el reparto de la riqueza. Tradicionalmente, el gasto se redistribuyó mejor que la renta, y ésta, mejor que la riqueza, según el economista José Manuel Naredo, de la Fundación Argentaria.La falta de datos fiables en España sobre la concentración de la riqueza, impide establecer comparaciones con otros países. No obstante, para algunos componentes de la riqueza, como el patrimonio inmobiliario, sí existen datos suficientes que ilustran la progresión divergente de la riqueza respecto a la renta o al gasto social. El fuerte crecimiento de la segunda mitad de los ochenta reforzó esta tendencia.Un 55% de los declarantes de renta en 1985 disponía de patrimonio inmobiliario. La subida de los precios de la vivienda desde entonces, a una tasa del 25% anual hasta 1990, multiplicó casi por tres la riqueza en bienes inmuebles, que aumentó en unos 120 billones de pesetas.Este crecimiento ha supuesto una divergencia entre los propietarios y los no propietarios, y, en cualquier caso, un empobrecimiento real. de estos últimos. Si en 1985 bastaba con el salario medio de 5 a 6 años para adquirir un piso de nueva construcción entre 80 y 100 metros cuadrados en Madrid, cinco años después se necesitaban ya entre 10 y 13 años. Es la otra cara del esfuerzo redistributivo en España.

Durante cinco días, más de 70 ponentes -españoles y extranjeros- debatieron las políticas redistributivas de los ochenta. De la mayoría de las ponencias se desprendía la misma idea: España se situaba a la cabeza de la OCDE a la hora de distribuir los frutos del crecimiento económico. Las cifras cantan: El 80% de la población con menores ingresos aumentó su participación en la renta y sólo el 20% más rico perdió parte del pastel. En concreto, el 10% más pobre ganó un 11% de la renta, según datos del Instituto de Estudios Fiscales. Mientras, en la mayoría de países de la OCDE sucedía lo contrario, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, un 69% de españoles opina que las desigualdades sociales se han mantenido o han aumentado en los últimos diez años según una encuesta del CIS.