Crisis en Venezuela

LOS MESES finales de Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela han estado sembrados de espinas. Acosado por la falta de popularidad, por el antagonismo en el interior de su propio partido de Acción Democrática (AD), por los renovados rumores de golpismo y por las acusaciones de corrupción, CAP, como se le conoce popularmente, ha visto finalmente cómo el Senado venezolano le suspendía anoche de su cargo y autorizaba su procesamiento por malversación de fondos, como había pedido la víspera la Corte Suprema de Justicia. El supuesto delito afecta a 250 millones de bolívares (aproximadamente 350 millones de pesetas), procedentes de las partidas reservadas del presidente, que, se dice, utilizó para financiar las campañas electorales de Violeta Chamorro en Nicaragua, de Jaime Paz Zamora en Bolivia y de Jean-Bertrand Aristide en Haití. Es el fin de su sueño como líder de la democracia en Latinoamérica.En 1979 había terminado su primer mandato con la economía en ruinas tras años de corrupción y gastos indiscriminados alimentados por la bonanza petrolífera de la década. Ahora le interrumpen el segundo antes de su caducidad natural a principio de 1994, después de que aplicara con dureza recetas ortodoxas de austeridad, con un país que crece a un ritmo extraordinario (el 18% en el conjunto de 1991-1992), aun cuando mantenga una fuerte tasa de inflación (más del 30%) y un déficit elevado (3,6%). Los venezolanos, acosados por la pérdida de capacidad adquisitiva y por la subida de los precios de los servicios públicos y de los productos de primera necesidad, no le van a agradecer el favor: el índice de popularidad del presidente ha caído al 10%.

Carlos Andrés Pérez, al que dos intentonas golpistas casi consiguieron desensillar el año pasado, afirmaba hasta hace poco que seguiría en su sitio hasta concluir su mandato el 2 de febrero de 1994. Consideraba con razón que ése es su privilegio y su obligación democráticos. En más de una ocasión a finales del año pasado, especialmente tras la estrepitosa derrota electoral en los comicios municipales y de gobernadurías, su propio partido, la AD, amenazó con retirarle el apoyo que ya le niegan sus compatriotas. Hubiera hecho mal; estos asuntos no se aclaran forzando una dimisión, sino apurando una investigación. Y si Carlos Andrés Pérez es culpable, debe demostrarlo el método constitucional dispuesto al efecto.

Hace años que se señala a Venezuela, Brasil y México como ejes de sistemas políticos basados en la corrupción, pero se diría que sólo el primero se ha resistido hasta ahora a emprender la reforma necesaria. Ante las reiteradas acusaciones, CAP ha afirmado una y otra vez que le "acusan de corrupción para des estabilizar al país", pero que nunca cederá a la tentación de dar un golpe de Estado para salvarse. Un tribunal demostrará si es personalmente un corrupto, pero nadie podrá acusarle de ser un antidemócrata.

Era hora de que se resolviera una cuestión que ha causado gran daño al país y al partido en el Gobierno. El Congreso ya ha nombrado al sucesor interino de CAP, su presidente, Octavio Lepage, que gobernará hasta el relevo de la primera magistrura, en febrero, y tendrá que evitar las tentaciones golpistas que han salpicado la historia venezolana.