La paralización de las obras de Sagunto dañaría las ruinas, según Portaceli

Los autores del proyecto de rehabilitación del teatro romano de Sagunto, Manuel Portacieli y Giorgio Grassi, señalaron ayer que la eventual paralización de las obras supondría un "deterioro grave del monumento y las ruinas". La reforma ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior valenciano en un fallo que también abre las puertas a la demolición: "Aunque se puede hacer, sería una agresión", alertó Portaceli. "Es increíble", manifestó Grassi, quien, sorprendido en Milán por la noticia, criticó la inseguridad juridica en la que deja la sentencia a la mayoría de las restauraciones.

Giorgi Grassi apenas pudo disimular su sorpresa por la "dureza" del fallo que ensombrece el futuro de su obra. "Desde el punto de vista legal es una sentencia bastante grave. Lleva a declarar ilegales casi todos los trabajos de restauración. Ninguno cabe bajo un juicio tan esquemático". El arquitecto italiano pidió que se dejase terminar la obra para que la gente pudiese entonces verla y juzgarla. "Paralizar ahora es estúpido, pues tendría el efecto contrario al pretendido. La suspensión pondría en peligro las piezas originales romanas del escenario", comentó Grassi. En la misma línea se manifestó su compañero Portaceli. "Demuestra [la sentencia] una falta de interés por el monumento y sienta un precedente preocupante. El debate debe ser cultural no judicial". Las obras han entrado en su fase de remate -colocación y reubicación de las piezas originales romanas-. Para Portaceli, de in terrumpirse los trabajos, los órdenes de la escena -cornisas, capiteles y columnas originales- se degradarían de forma irreversible. "El muro de la es cena original, recuperado con la restauración, está totalmente abierto, por lo que la paraliza ción de las obras lo dejaría a la intemperie y expuesto a los cambios de temperatura", añadió.

La obras del teatro romano de Sagunto -con un coste de 600 millones de pesetas- se iniciaron en mayo de 1990. El proyecto fue encargado por la Generalitat valenciana. Los trabajos finalizarán en las próximas semanas. La sentencia, que estima, un recurso del dirigente provincial del PP Juan Marco Molines, afirma que la intervención vulnera los límites establecidos por la Ley del Patrimonio Histórico para la reconstrucción de monumentos y la adición de materiales nuevos. Grassi criticó esta norma a la que tachó de "esquemática, ambigua y atrasada".

La reforma emplea materiales nuevos e incluye la reconstrucción del graderío y la construcción del edificio escénico. Mientras que Portaceli y Grassi sostienen que es una rehabilitación fiel al espacio romano original, la sentencia afirma: "Se trata de una obra que se asienta sobre las ruinas de un teatro romano y las oculta".

La posibilidad de demolición espantó a Portaceli. "Sería una agresión a una obra de recuperación y lectura del espacio de Sagunto. Se puede hacer, pero hay problemas adyacentes. Supondría un trabajo inédito, laborioso y nunca aconsejable. Como toda intervención, entrañaría peligros", señaló.

Manifiesto de apoyo

Más de un centenar de arquitectos y artistas han suscrito un manifiesto de apoyo a la intervención. Entre los firmantes se encuentran los arquitectos Rafael Moneo, Oriol Bohigas, Gae Aulenti o Alan Colquhoun. Esta toma de postura surgió de la iniciativa de Alberto Ustarroz, director del departamento de Arquitectura de San Sebastián. Uno de los firmantes, el escultor Andreu Alfaro, declaró ayer: "La restauración es bellísima; un trabajo excepcional, hecho con un mimo y una exquisita atención a los detalles. Lo que había antes no era un teatro, sino ruinas que tampoco eran romanas, sino una mezcolanza de seudorrestauraciones y chapuzas de los siglos XVIII y XIX".La polvareda levantada por la sentencia en el ámbito de la cultura ha encontrado eco en el terreno jurídico. Las discrepancias giran en tomo al alcance de la sentencia. La Generalitat valenciana, que recurrirá ante el Supremo, mantiene que las obras no se podrán paralizar hasta que el alto tribunal no adopte una decisión.

El ponente de la sentencia aseguró que la consecuencia lógica del fallo es la paralización y demolición de la refroma, pero expresó sus dudas sobre el carácter suspensivo del recurso y señaló que la sala espera la acción de las partes para dilucidar la cuestión. Marco Molines, pedirá la ejecución provisional la próxima semana.

En el mundo político las reacciones se sucedieron en cascada. El PSOE y Esquerra Unida (EU) discreparon de la sentencia. El PP y los regionalistas de Unión Valenciana (UV) mostraron su satisfacción con el fallo y pideron la demolición de la obra.

El consejero de Cultura en la época en que se aprobó el proyecto, Cipriá Císcar -hoy número uno electoral del PSOE por Valencia-, manifestó: "Hay cuestiones de estética que no pueden quedar en manos de los tribunales". El presidente regional del PP, Pedro Agramunt, contraatacó: "Si el presidente de la Generalitat tiene interés en hacerse un Taj-Majal, que lo haga en un descampado". Más moderado fue el dirigente de EU Albert Taberner, quien opinó que la sentencia se deriva de una lectura estricta de la ley del Patrimonio y propuso cambiar su redacción.