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Los jueces consideran ilegal la reforma del teatro romano de Sagunto

La reforma del teatro romano de Sagunto será declarada ilegal por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. Los magistrados, reunidos el pasado viernes en pleno, manifestaron unánimemente su rechazo a dichas obras por entender que constituyen una "reconstrucción" cuya radicalidad vulnera la Ley del Patrimonio Histórico.

El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tenía como objeto deliberar sobre el recurso presentado en 1990 contra las obras por el abogado Juan Marco Molines. La reforma fue encargada por la Consejería de Cultura a los arquitectos Manuel Portaceli y Giorgio Grassi. Los trabajos se iniciaron en mayo de 1990.Aunque la redacción de la sentencia aún no ha finalizado, fuentes cercanas al caso señalaron que la consecuencia lógica de la decisión judicial es la demolición de las obras, cuyo término estaba previsto para antes del verano. El fallo podrá ser recurrido ante el Supremo, lo que posiblemente abrirá un nuevo período de incertidumbre.

Pese a la agitada polémica que ha envuelto la reforma, los jueces, según fuentes cercanas al caso, no dudaron en ningún momento de su ilegalidad y tomaron postura de forma unánime y "absoluitamente terminante". La Ley del Patrimonio Histórico Español ha sido la clave de esta tajante decisión.

El teatro romano de Sagunto, en su calidad de monumento nacional, es un bien de interés cultural protegido por la citada ley. El recurso sostiene que las obras pueden constituir un delito de daños al patrimonio, ya que dicha norma establece que las reconstrucciones en bienes inmuebles de interés cultural sólo son posibles si se utilizan partes originales de los mismos.

La reforma emplea materiales nuevos y comprende la reconstrucción del graderío -cubriéndolo parcialmente con caliza travertina de Teruel- y la restitución de la circulacción original, así como la construcción de un edificio escénico y la instalación de un ascensor-montacargas oculto en la estructura.

Reconstrucción radical

Frente a esto, tanto la Generalitat valenciana como el Ayuntamiento de Sagunto, se han acogido en su defensa a que la Ley del Patrimonio Histórico permite la adición de materiales siempre que no se confundan con el original y que tengan como fin la estabilidad o mantenimiento del bien. La Generalitat, además, ha recalcado que únicamente el 20% de las ruinas que el recurso pretende salvaguardar son restos originales romanos.Los magistrados, sin embargo, han considerado que las obras implican una "reconstrucción". Desde esta perspectiva, los jueces advirtieron que los trabajos no sólo vulneran la Ley del Patrimonio Histórico sino que también anulan el bien de interés cultural, en tanto que cambian por completo el monumento. Los magistrados que forman el pleno visitaron en marzo pasado las obras.

La sentencia, al no estar definitivamente redactada, puede estar sujeta a cambios de matiz. El presidente de la citada sala, José Díaz Delgado, que es también el ponente de la sentencia, manifestó que hoy, se dará a conocer la fecha en que se hará público el fallo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de mayo de 1993