La venta del cielo

La política privatizadora del Gobierno de Carlos Menem no es la causa sino uno de los síntomas de una economía en franco retroceso, afirma el articulista, y una prueba de la inutilidad de una forma de Estado imaginada para unos vínculos sociales ya superados. En la práctica de esa política, agrega, el Gobierno desconoce su papel de garante de las condiciones de mercado en que llamó a invertir.

El funcionario no abrió el pasaporte. Le bastaba con la identificación exterior: Comunidad Europea-España. Me miró a los ojos y me hizo una única pregunta: "¿En qué línea viajó?". Respondí. No era Iberia ni Aerolíneas Argentinas. "Que tenga suerte", me dijo, y me devolvió el documento. Afuera, a la confusión generalmente reinante en el aeropuerto de Ezeiza se había agregado la creada por el conflicto suscitado por el despido del 10% de la plantilla de Aerolíneas Argentinas: 775 empleados. Varios medios de prensa reprodujeron en los días siguientes fotografías de manifestantes con pancartas, en, una de las cuales se leía: "Gallegos, fuera. Ladrones. Corruptos".Eran, para mí, las primeras muestras de lo que el Gobierno argentino llama "proceso de privatización de empresas estatales", y algunos periodistas, más lacónicos, "desestatización". Es el caso de Aerolíneas, empresa que el Gobierno y la mayor parte de los medios insisten en presentar como comprada por Iberia o, lo que es más grave, por los españoles. En realidad, Iberia posee un 30% de la firma, mientras que el Estado argentino retiene el 33%. Del resto de las participaciones se reconoce un 19% a Banesto y Central Hispano, pero el 51%, que obviamente no está en manos españolas, lo completan empresarios argentinos.

El remedio a la crítica situación de Aerolíneas pasa por la reducción de la plantilla y / o una ampliación de capital, que el Gobierno entiende obligación de Iberia. El mismo Gobierno que, haciendo caso omiso de la participación pública en la propiedad, pretende arbitrar como Estado en el conflicto laboral. El mismo Gobierno que simultáneamente se propone abrir el mercado aéreo interior a otras compañias, lo que imposibilitaría cualquier nivel de rentabilidad a Aerolíneas.

Prescindiendo del hecho de que aún la más radical de las estrategias privatizadoras necesita para su realización del marco de un Estado, depositario de soberanía y régimen legal, el Gobierno argentino ha pasado de ofertar una compañía aérea a proponer la venta del cielo, desconociendo su papel de garante de las condiciones de mercado en que llamó a invertir.

La pasión desestatizadora del poder ha llevado al Senado provincial a aprobar un proyecto de ley de privatización de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Privatización de su construcción y su mantenimiento integral. "Mantenimiento integral" implica no sólo la administración y el catering, sino también la rehabilitación, la salud y el control de los presos. Las empresas licenciatarias cobrarían un canon por recluso. Y eso en un país en el que la lentitud de la justicia determina que sólo uno de cada diez presos esté cumpliendo sentencia, mientras los nueve restantes son encausados sin prueba de culpabilidad.

La policía y la justicia

Además, y aunque ello mueva a risa al observador europeo, ese puede ser el primer paso hacia la privatización total de la policía y del poder judicial. Se dirá que, por ejemplo, en Estados Unidos existen cárceles privadas y que ninguna de estas cosas ha ocurrido, pero ni los sistemas jurídicos del Norte y del Sur son comparables, ni el Estado americano ha hecho jamás una política de la dejación de soberanía. Tampoco nunca el nivel de corrupción en el aparato público de Estados Unidos ha llegado a asemejarse al de Argentina, ni se han favorecido en él las violaciones sistemáticas de los derechos humanos como en el Cono Sur.Idéntico criterio ha servido al Gobierno a la hora de desprenderse de la electricidad, las comunicaciones, los ferrocarriles, el gas o el petróleo: poner en manos de particulares todas las funciones del Estado, sean rentables o no, se perjudique o no con ello la soberanía.

Entre el 60% y el 90% de cada gaseoducto y de cada distribuidora de la empresa Gas del Estado, por ejemplo, fraccionada en ocho zonas de negocio, se vendió el 28 de diciembre a ocho grupos privados (entre ellos, Gas Natural de España, que adquirió la distribución en Buenos Aires Norte), por un importe total de 2.221 millones de dólares, de los que únicamente se entregaron en efectivo 300; el resto con 1.541 millones de dólares en papeles de deuda, interna y externa, y el cargo de un pasivo de 380 millones de cancelación inmediata.

Además, los compradores se hicieron cargo de 730 millones de pasivo en cuentas a pagar en plazos de entre uno y cinco años. Un total de 2.951 millones para una empresa que factura 2.000 millones al año, en un país que se autoabastece de gas. El pasado 1 de enero, los nuevos dueños del combustible decidieron aumentar el precio del producto en una proporcion de entre el 9 y el 13%, según casos, con castigo para el ahorro energético: a quien menos consuma se le aumentará más. También ha entrado en liquidación la empresa petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, tras un grave escándalo de corrupción. Argentina también se autoabastece de petróleo.

Los ferrocarriles han empezado a pasar a manos privadas: los candidatos a su adquisición son, en la mayoría de los casos, empresas de transportes por carretera, que no solamente no pagarán por los vagones, las locomotoras y los tendidos que dejarán morir, sino que recibirán subvención por hacerse cargo de ellos. Trenes y barcos fueron durante más de un siglo fundamento de la riqueza de una clase que vivía de la exportación de ganado y cereales.

La política privatizadora del Gobierno de Menem no es la causa, sino uno de los síntomas de una economía en franco retroceso y una prueba de la inutilidad de una forma de Estado imaginada para unos vínculos sociales ya auperados.

La degradación moral de los hombres públicos, que salen a una media de escándalo diario, y la apatía política de la población explican el triunfo de las juntas militares, el éxito de perseguidores y secuestradores. Quienes podían haber saneado los partidos tradicionales, haber creado otros nuevos, haber democratizado, en suma, Argentina, están muertos o no están, han desaparecido o han emigrado.