El Insalud abriría dos centros nuevos con lo gastado en un antiinflamatorio, dice Griñán

El Insalud podría abrir dos nuevos Centros de Salud perfectamente equipados con los 360 millones de pesetas que se ahorraría si financiase exclusivamente el antiinflamatorio más barato de los registrados, según afirmó ayer José Antonio Griñán, ministro de Sanidad y Consumo, en el Congreso. Griñán, que compareció a petición de Izquierda Unida y CDS ante la Comisión de Política Social y Empleo, rechazó que el Real Decreto sobre financiación selectiva de medicamentos sea una medida "chapuza" y "apresurada" como la calificaron IU y el Partido Popular.

El texto objeto de debate, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado viernes, separa el registro de los medicamentos de su financiación, excluyendo de la receta de la Seguridad Social tres grupos terapeúticos. Ésta medida afecta a unos 800 medicamentos y abre la puerta a nuevas exclusiones. En síntesis, significa que la administración podrá optar por financiar, entre dos productos de igual valor terapeútico, el que tenga menor precio. Griñán se apoyó para la defensa de esa medida en un caso concreto: dos antiinflamatorios de igual composición. "Ambos tienen 12 supositorios de 100 rng. de diclofenato sódico", dijo el ministro, mostrando un envase de cada producto en cada mano. Uno de ellos, de un laboratorio nacional, cuesta 444 pesetas; el otro, de una multinacional, 790 pesetas. Del primero de ellos se vendieron el año pasado 84.300 unidades; del más caro -Voltaren, de la casa Ciba Geigy- las ventas superaron el millón de unidades (1.100.993). "Habiendo financiado el más barato se habrían ahorrado 360 millones de pesetas. Son dos centros de salud nuevos perfectamente equipados", explicó Griñán, "y si seguimos financiando el más caro", continuó, "haremos prevaricación". Concluído el debate Griñán -rechazó, a preguntas de EL PAÍS, que piense excluir ese antiinflamatorio de la receta pública. "Depende de factor s como lo que ese laboratorio se comprometa a invertir en investigación", comentó el ministro.

En manos de la industria

El debate se centró fundamentalmente en la dura crítica que realizó Ángeles Maestro, de Izquierda Unida, sobre el Real Decreto. A juicio de Maestro, que pidió la retirada de ese texto y anunció movilizaciones en su contra, esa normativa "lesiona derechos sociales" al excluir fármacos consumidos preferentemente por enfermos crónicos y pensionistas.La diputada de IU afirmó que el Real Decreto se ha elaborado sin criterios técnicos y muestra que la sanidad pública sigue "en manos de la industria farmacétitica", ya que "persiste la financiación de medicamentos reconocidos como inútiles, cómo son los vasodilatadores periféricos". Éstos representan el 15% del gasto farmaceútico de la Seguridad Social. El portavoz del PP, por su parte, señaló que el Real Decreto "roza la libertad de prescripción" y mostró su preocupación por el escaso "horizonte de rentabilidad que tiene la industria", si se excluyen sus productos de la receta.