Los productos deberán venderse en Cataluña con etiqueta en catalán

Los consumidores de Cataluña tendrán derecho a recibir en catalán todas las informaciones contenidas en etiquetas o prospectos y que sean necesarias para usar los bienes, productos o servicios adquiridos, según el proyecto de ley del Estatuto del Consumidor, que será aprobado este mes por el Parlamento autonómico.La futura ley obligará de forma indirecta a los fabricantes de cualquier punto de España, así como del extranjero, a adjuntar a los productos que comercialicen en Cataluña la información pertinente para su consumo expresada en lengua catalana. Esta normativa hace especial hincapié en los datos relativos a la salvaguarda de la salud y la seguridad del usuario, mención que alcanza de lleno, entre otros productos, a los alimentos y las medicinas.

Sólo el Partido Popular (PP) rechaza las disposiciones lingüísticas del Estatuto del Consumidor, al considerar que tratan de imponer el uso del catalán. Los demás grupos parlamentarios (nacionalistas, socialistas, ex comunistas e independentistas) están de acuerdo con el texto.

Cualquier parte interesada en la firma de un contrato también podrá exigir que el documento sea redactado en catalán. Los comerciantes, por su parte, deberán estar en condiciones de entender a los clientes que se expresen en catalán, aunque no estarán obligados a responder en la misma lengua.

El proyecto de ley precisa que la aplicación de estas garantías lingüísticas se realizará de forma progresiva, previa consulta a los sectores económicos afectados, admitiendo excepciones justificadas y de conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE). La normativa comunitaria podría resultar a la postre un instrumento para soslayar estas mismas disposiciones, pues la CE permite que las etiquetas estén escritas en cualquier idioma que sea comprensible por los ciudadanos del lugar donde se comercializa el producto.

Arbitraje

El Estatuto del Consumidor dará pie a la creación de un tribunal de arbitraje que mediará entre fabricantes, comerciantes y consumidores. Las partes podrán acogerse voluntariamente a la jurisdicción de este tribunal, cuyos laudos serán de obligado cumplimiento.Los consumidores infantiles, las embarazadas, los ancianos y los disminuidos gozarán de medidas de protección especial en materia de seguridad, información y publicidad.