El PSOE limita la responsabilidad del caso Ollero al director de Carreteras destituido

El PSOE dio ayer marcha atrás en el pleno del Tarlamendo de Andalucía sobre el caso Ollero y reconoció que el ex director general de Carreteras Manuel Ollero ocultó datos al consejero de Obras Públicas, Juan López Martos, en la adjudicación de obras de la Junta. El grupo mayoritario socialista, que había forzado un dictamen absolutorio de todos los cargos públicos después de dos meses de investigación en la comisión parlamentaria creada al efecto, votó dos propuestas del PP en las que se señala implícitamente al destituido director general como responsable político.

Tras las intervenciones de los grupos, Chaves subió inesperadamente a la tribuna para defender la "honorabilidad" del PSOE, la Administración andaluza y el consejero López Martos. Por primera vez admitió "la presunta actuación irregular" de Ollero, en quien cortó la responsabilidad política del caso. El presidente andaluz afirmó que no piensa destituir a López Martos, porque no le cree, responsable y que sólo se decidiría a tomar esa decisión en el caso de que se lo pidiera el Parlamento.Momentos antes de que comenzara el pleno, destacados dirigentes socialistas admitieron que las conclusiones oficiales de la comisión Ollero eran excesivamente suaves, ya que sólo se condenaba la actitud de un funcionario ajeno a la consejería investigada. Estos dirigentes explicaron que el texto había sido redactado "a la baja" para negociar posteriormente con la oposición, pero ninguno de los grupos parlamentarios entabló conversaciones.

Las valoraciones impuestas por la mayoría quedaron de esta forma "en cierta manera descolgadas" de los hechos probados que estableció la comisión por unanimidad. Según los dirigentes consultados, el Grupo Socialista optó por votar valoraciones de los populares y andalucistas en las que se ponen de manifiesto las contradicciones y el oscuro comportamiento de Manuel Ollero. En concreto, las resoluciones asumidas por el PSOE se resumen en que Ollero es "el único asesor del consejero cuando se toman decisiones de adjudicaciones de obras" y además el único interlocutor con los técnicos, así como que "oculta información al consejero sobre los intentos de extorsión de los comisionistas".

En el transcurso de la sesión plenaria, la oposición rebatió uno por uno los argumentos defendidos por los socialistas y arremetió en última instancia contra el presidente del Ejecutivo regional, Manuel Chaves, a quien acusó de permanecer inactivo ante la corruptela.

El portavoz del Partido Andalucista, Mariano Pérez de Ayala, calificó de "impresentable" el ve redicto del PSOE porque "sencillamente no se corresponde con lo investigado". El andalucista añadió: "No es posible que ha biendo reconocido irregularidades administrativas flagrantes y contradicciones entre los cargos públicos en la relación de hechos probados, lo único que se destaca es que se han producido fustraciones a la prensa". El portavoz de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón, se centró en la actuación de López Martos durante todo el proceso de investigación, para lo que leyó varios párrafos de distintas comparecencias del consejero ante la Cámara regional en las que aseguraba, unas veces, que existía una red de comisionistas, y en otras, lo negaba. También cotejó las opiniones emitidas por López -Martos acerca de su ex subordinado Ollero: en un primer momento, "una persona honesta; en un segundo, alguien que le había ocultado información".

"Negligencia política"

Gabino Puche, portavoz del PP, solicitó al igual que el resto de los portavoces la destitución "inmediata y fulminante" de López Martos, al que acusó de "tergiversar y transgredir" el proceso administrativo de adjudicaciones de obra. Para Puche, el caso Ollero es un "auténtico monumento" a la negligencia política, a la irregularidad administrativa y al tráfico de información privilegiada.

La portavoz socialista, Ángeles Aparici, por su parte, cargó las tintas en que su partido, como dictaminó la comisión, no recibió financiación ¡legal.

El escándalo de las comisiones ¡legales estalló el pasado 15 de julio, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía interceptaron, en las proximidades de Sevilla, el vehículo conducido por Jorge Ollero, hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero. Jorge Ollero llevaba en ese momento 22 millones de pesetas, presuntamente, producto del pago de una comisión por la ajudicación de una obra a la constructora Ocisa. Como consecuencia de las investigaciones dimitió Manuel Ollero.