Israel ordena la deportación de 418 palestinos acusados de pertenecer a los integristas de Hamas

El Gobierno israelí ordenó ayer la deportación hacia Líbano de 418 palestinos acusados de pertenecer a la organización integrista Hamas, después de que el Tribunal Supremo confirmará la orden decretada la víspera por el Gobierno laborista de Jerusalén. Se trata de la expulsión masiva más importante desde el principio de la ocupación israelí, hace 25 años. Los palestinos víctimas de esta medida esperaron 24 horas el veredicto de la más alta juridicción israelí, con las manos atadas y los ojos vendados, repartidos en 22 autobuses cerca de la frontera libanesa.

La medida decretada por Israel, que fue criticada ayer por el presidente de Estados Unidos, George Bush, y por el secretario de la ONU, Butros Gali, supone una respuesta al secuestro y muerte del sargento de la guardia fronteriza israelí Nisim Toledano. Los 22 autobuses que transportaban a los deportados palestinos comenzaron a cruzar la frontera internacional entre Israel y la "zona de seguridad" ocupada por el Estado hebreo en el sur de Líbano a las 19.00 hora española. Un Portavoz de las Fuerzas Armadas de Líbano señaló ayer que su país rechazara categóricamente a los palestinos enviados por Israel a la frontera.Todos los miembros del Gobierno, incluyendo los tres ministros del partido de izquierda Meretz, votaron a favor de la decisión, con la excepción del ministro laborista de Justicia, David Libayi, quien se abstuvo.

Los representantes del Gobierno adujeron ante el tribunal que se trataba de una medida "indispensable para salvar vidas humanas", y que el encarcelamiento constituía un castigo insuficiente, "ya que esta gente se organiza y aprende nuevos métodos de lucha contra Israel en la prisión". Añadieron que no se trataba de una expulsión sino de un "alejamiento transitorio, ya que los palestinos podrán volver a casa al cabo de dos años".

En un discurso ante el comité central del partido laborista, el primer ministro, Issac Rabin, defendió la medida decretada por el Gobierno al asegurar que los expulsados tendrán el derecho de recurrir tras un plazo de 60 días.

La controvertida decisión del Gobierno laborista refleja su desconcierto ante la situación. Después de la muerte de varios soldados israelíes a manos de Hamas, y del secuestro, seguido del asesinato, de un sargento de policía en Tel Aviv, es decir en el corazón mismo del Estado israelí, el Gobierno debía tomar algún medida susceptible de tranquilizar a la opinión pública y demostrar la firmeza de las autoridades frente a los integristas, opuestos a cualquier tipo de negociación con Israel.

Sin embargo, en la izquierda del espectro político, los políticos recalcan que no sirve para nada reprimir a Hamas si no se formula al mismo tiempo "propuestas serias" a los palestinos en Washington. "Sólo una huída hacia adelante, hacia la paz, puede permitir al Gobierno laborista recobrar la popularidad que ha ido perdiendo", afirmaba un ministro laborista.

Los representantes de las naciones arabes que participan en Washington en las negociaciones de paz para Oriente Próximo anunciaron ayer un boicoteo en protesta por el intento de Israel de expulsar de su territorio a 418 musulmanes fundamentalistas. La crisis en la séptima ronda de las negociaciones de paz amenaza con empeorar si finalmente la expulsión que ha sido temporalmente detenida por los tribunales israelíes, se lleva a cabo. Los problemas han estallado cuando árabes e israelíes estaban a punto de concluir las sesiones del último de su ronda, en la que no se han alcanzado progresos.