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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ahora, El Salvador

HOY SE cumplen tres años del asesinato, en la Universidad Centroamericana de San Salvador, del rector y otros cinco profesores jesuitas, así como de dos empleadas de ese centro. El aniversario iba a coincidir con el inicio de la visita a España del presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, pero distintas razones han aconsejado aplazarla. Cualquiera que sea el motivo oficial, es seguro que en la decisión ha influido la voluntad española de presionar a Cristiani para que acelere el vacilante proceso de transición abierto tras los acuerdos de paz firmados a comienzos de año en México entre el Gobierno salvadoreño y la guerrilla. España es, con México, Colombia y Venezuela, uno de los componentes del grupo de amigos que, junto con la ONU, supervisa ese proceso, y durante estos meses ha venido presionando de diversas maneras para que Cristiani cumpla los acuerdos con los que se puso fin a 12 años de guerra civil. Cristiani busca ayuda política y económica para superar los efectos de esos años de destrucción. Para obtenerla tendrá que demostrar su voluntad de hacer cumplir al Ejército de su país su parte en los acuerdos de paz.Las dos claves del proceso de paz son la desmilitarización de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la depuración de un Ejército enfangado en la guerra sucia. Pero los acuerdos buscaban también una reforma política y social que permita la celebración de las elecciones presidenciales de marzo de 1994 en un contexto en el que la democracia no esté mediatizada por unas Fuerzas Armadas autónomas respecto a las instituciones. Los acuerdos, además del reparto de tierras a los campesinos y la creación de una policía desvinculada del mando militar, prevén dos cosas: la gradual desmovilización de la guerrilla -hasta ahora efectuada en un 60%- y la reducción, también gradual, del Ejército hasta un 50% de sus efectivos. El proceso ha tenido altibajos, pero no ha habido rebrotes de violencia.

El Gobierno salvadoreño había asumido el compromiso de depurar a una parte de sus oficiales por los crímenes cometidos durante la guerra civil (entre ellos, el asesinato de los jesuitas). La comisión de notables que había formulado los acuerdos de México elaboró una lista de 117 jefes y oficiales involucrados en crímenes y violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante el periodo bélico. La lista, secreta, fue entregada al presidente para que comenzara la depuración de oficiales. La filtración de que quien la encabezaba era el propio ministro de Defensa, general René Ponce, y su viceministro, Juan Orlando Zepeda, provocó rumores de golpe de Estado.

Cristiani, enfrentado a la delicada decisión de destituir a sus más inmediatos colaboradores, con el consiguiente estímulo de su rebeldía, tuvo que condicionar cualquier reforma del Ejército, incluyendo la disolución de los batallones expresamente creados para combatir a la guerrilla, a la desmovilización y desarme total del FMLN. De la compleja negociación entre Cristiani y la representación de la ONU salió un primer compromiso de aplazar la firma del acuerdo final hasta el 15 de diciembre. Más tarde, esta misma semana, -la guerrilla ha aceptado que el proceso no sea simultáneo: culminará en la fecha prevista la entrega de las armas a cambio del compromiso de que un mes después, en enero de 1993, se producirá la depuración en el Ejército. Esta concesión del FMLN dice mucho a favor de la sinceridad de su voluntad de paz. Pero la escasa credibilidad de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el cumplimiento de compromisos obliga a los Gobiernos de los países democráticos, y especialmente a los avalistas del proceso, a extremar la vigilancia.

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