Supuestos para 1993

CASI PEOR que hablar de lo que no se sabe es hablar de lo que se sabe, o cree saberse, venga o no a cuento. Las primeras reacciones ante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1993 pertenecen más bien a la aburrida segunda modalidad. Cada cual ha colocado el discurso que se sabe sin preocuparse gran cosa de si guarda o no relación con el objeto de la crítica. Los conservadores, por ejemplo, han dicho que son los "típicos presupuestos socialdemócratas".Eso es lo único seguro que no son. El portavoz del PP también ha dicho que son unos presupuestos "idénticos a los del año anterior". En realidad, son las críticas las que suelen ser idénticas año tras año: sindicatos y patronal, Gobierno y oposición repiten su previsible discurso. Por eso es tan difícil que la ciudadanía se interese por los debates presupuestarios.

Los presupuestos que ayer presentó el ministro de Economía se distinguen de los anteriores por su propósito restrictivo. De poco servirá ese propósito si no va acompañado de otras medidas -las reformas estructurales contempladas en la segunda parte del Plan de Convergencia, por ejemplo-, pero es absurdo negar que por primera vez son apreciables algunos intentos de contención del gasto. Teniendo, en cuenta que entre el 75% y el 80% del mismo está comprometido por ley, los recortes se han producido donde era más posible hacerlos, en el capítulo de personal y en otros como la defensa. La propuesta de congelar, o casi, los salarios de los 1,7 millones de funcionarios ha sido contestada por las centrales, y nadie se sorprenderá por ello. Sin embargo, cualquier negociación salarial habrá de tener en cuenta que la empresa contratadora, el Estado y las demás administraciones, está casi en quiebra: en una empresa privada con un agujero comparable es seguro que las centrales aceptarían recortes incluso superiores. Y si es cierto que los salarios medios son en la función pública menores que en la empresa privada, también lo es que los funcionarios disfrutan de una mayor seguridad en el empleo.

La desconfianza expresada por la oposición en el cumplimiento efectivo de las cifras del presupuesto está justificada, aunque ella misma es en parte culpable del asunto. La desviación es enorme todos los años, y los mecanismos de control establecidos, tanto el parlamentario como el del Tribunal de Cuentas, han demostrado su ineficacia para cortar con esta práctica. La oposición haría bien en exigir, antes de discutir el proyecto de 1993, un debate previo sobre los presupuestos de 1992; especialmente ahora que son evidentes los efectos inducidos en el conjunto de la economía por él enorme déficit público. Debate que tal vez permita identificar la participación de las distintas administraciones, también la autonómica y local, en. esa desviación presupuestaria. No para repartir responsabilidades -el director siempre será el máximo culpable de que la orquesta desafine-, pero sí para que la opinión pública esté informada de quién ha exagerado la nota.

Esa desviación explica que aunque el gasto presupuestado suponga un crecimiento del 8% respecto a lo aprobado hace un año, no supere el 4% si se toma como referencia la liquidación efectiva prevista para fin de año. Ello significa un incremento del gasto por debajo del crecimiento de la economía, lo que inevitablemente acentuará los perfiles recesivos de la coyuntura. Con todo, el proyecto presentado ayer por Solchaga es menos restrictivo en materias con especial incidencia en la competitividad, como las infraestructuras (y las inversiones civiles en general), que crecerán en una proporción similar a la de la economía. También se mantiene la proporción en las principales prestaciones sociales: enseñanza, pensiones, sanidad y desempleo. Se trata de un criterio diferente al seguido, por ejemplo, en Italia, donde el ajuste ha afectado fuertemente a esos capítulos. Aquí se ha acusado al Gobierno de clientelismo. Puede que lo haya, pero el debate parlamentario debe permitir apreciar a los ciudadanos las alternativas planteadas: cuáles de esas prestaciones se recortarían y a qué partidas se destinaría el ahorro de gasto correspondiente.

El debate parlamentario debería servir sobre todo para recomponer un cierto consenso, si no sobre el presupuesto, que parece improbable, sobre las medidas complementarias -relativas a la competitividad industrial y al control de los precios de los servicios, sobre todo-, sin las que ningún presupuesto imaginable será eficaz para sanear nuestra economía.