El Insalud reconoce que hay 137.158 pacientes en lista de espera quirúrgica

Un total de 137.158 españoles llevan esperando una media de seis meses en hospitales del Insalud para operarse de cataratas, hernias, amígdalas o adenomas, entre otros procesos, según reconoció ayer el Ministerio de Sanidad y Consumo. Sobre los que superan el medio año de espera se concentra un plan de reducción que comenzó en Madrid con objeto de intervenir antes de diciembre de 1992 al 36% de los 25.741 madrileños en esta situación.

"Para nosotros, las listas de espera no son una enfermedad vergonzante, sino una consecuencia lógica de la universalidad de las prestaciones", dijo ayer en conferencia de prensa el director general de Evaluación, Marcos Peña. Los argumentos esgrimidos por la Administración para explicar el fenómeno se basan en el incremento constante de la demanda y en la infrautilización de los recursos sanitarios existentes.

Como primera medida, el ministerio ha suprimido la cultura defensiva" de la Administración -que ha venido ocultando el impacto de las listas de espera en los últimos años-, procediendo a la información, primero interna y luego pública, del volumen real del problema.

Según los datos ofrecidos ayer, entre diciembre de 1991 y marzo de 1992 las listas de espera en territorio Insalud -el 43% de la sanidad pública españolahan descendido ligeramente, de 138.625 a 137.158 pacientes. En diciembre del pasado año, 67.601 enfermos llevaban esperando su intervención quirúrgica más de seis meses, cifra que descendió a 59.799 en marzo de 1992. Esto supone que el 44% de los pacientes en lista de espera lleva más de seis meses en ella.

Madrid es el territorio del Insalud con mayor volumen de listas de espera, motivo, entre otros, por el que se ha elegido para implantar un plan de actuaciones inmediatas. El objetivo es realizar de aquí a diciembre 9.245 intervenciones, con un coste estimado de 983 millones de pesetas. Esto supondrá reducir en un 36% el número de pacientes con tiempos de espera superiores a seis meses, que el pasado mes de marzo ascendía en Madrid a 25.741. La lista de espera global era en la misma fecha de 49.767 personas.

Recursos públicos y privados

El plan, ya iniciado, prevé intervenir 3.400 cataratas, 2.014 hernias abdominales, 1578 amigdalitis y adenoides, 1.083 artroscopias e intervenciones de ligamentos, 594 adenomas de próstata (tumores benignos), 426 halux valgus (operación de juanetes) y 150 hemorroides. Estas siete patologías constituyen también a nivel nacional el mayor volumen de tiempos de espera, según explicó el director general del Insalud, José Conde. "En las catas que hemos hecho, el fenómeno se reproduce con una linealidad pasmosa", dijo.

La forma de llevarlo a cabo contempla, por un lado, reorganizar los recursos públicos existentes, para lo cual el pasado 15 de noviembre se llegó a un acuerdo sobre productividad con los gerentes hospitalarios. Por otro, y en aquellos procesos donde la demanda supere a los recursos, concertar paquetes quirúrgicos con el sector privado mediante concursos. Marcos Peña avanzó el coste unitario aproximado de cada proceso: un halux valgus, 100.000 pesetas; una artroscopia, una media de 128.000; una dátarata, 100.000; las amigdalitis, 60.000; una hernia abdominal, 110.000; hemorroides, 100.000, y los adenomas de próstata, 220.000 pesetas.

Marcos Peña avanzó igualmente algunos aspectos de la modernización de la Administración sanitaria que terminarán de implantarse a finales de 1992. Entre ellas, la asignación de médico responsable a cada paciente hospitalario; la libre elección de médico general y pediatra, con ampliación de la edad pediátrica hasta los 14 años; la implantación del permiso previo del paciente a tratamientos que entrañen riesgo, y la creación de unidades de gestión de prestaciones en la atención primaria.

Peña se mostró favorable a la implantación de otra medida anunciada, y polémica para algunos profesionales, como es la colocación de teléfonos en las habitaciones hospitalarias. Es una propuesta del anterior ministro, Julián García Valverde, y que, en opinión de Peña, "puede evitar la sensación de presidio" de los pacientes hospitalizados.

El director general de Evaluación hizo hincapié en el fraude del uso de las recetas de pensionistas, que valoró en 50.000 millones de pesetas anuales. El ministerio dirigirá una campaña a este sector para hacerles ver la necesidad de evitar la desviación y así preservar "el derecho de los pensionistas a que su medicamento sea gratuito", anunció Marcos Peña.

Sanidad negocia también estos días con los sindicatos la firma de un convenio para prevenir la drogadicción y el alcoholismo en el ámbito laboral, aunque todavía no está definido si se optará por la recomendación de análisis obligatorios en las empresas.