Cómo una factura puede beneficiar al enfermo

Sanidad comenzará a aplicar este año una serie de medidas destinadas, según su ministro, José Antonio Griñán, a mejorar la gestión de los servicios sanitarios. La primera será la introducción de la facturación en los hospitales de la Seguridad Social. Esta medida no va a afectar a los usuarios de forma inmediata, pero sí a corto plazo, de desarrollarse según lo previsto, pues permitirá conocer dónde se producen carencias y dónde despilfarros.La medida tiene, según los responsables sanitarios, dos objetivos: el primero, poder cobrar el coste real de la asistencia que los centros de la Seguridad Social prestan a otros aseguradores, como las mutuas patronales o las de accidentes. Estas mutuas cobran una prima que cubre la atención sanitaria, pero muchas veces los beneficiarios de ellas son atendidos en los hospitales públicos, que luego no cobran o cobran a precio muy inferior al coste.

Es normal, por ejemplo, que un politraumatizado por accidente sea internado en una unidad de vigilancia intensiva de la Seguridad Social, y que cuando sale de peligro sea trasladado al hospital de la mutua, de modo que la parte más cara repercute sobre el sistema público.

Gestión empresarial

El segundo objetivo es que los gestores sanitarios puedan conocer exactamente cómo gastan el dinero destinado a sanidad. La facturación permitirá objetivar los procesos y comparar. Así se podrá descubrir, por ejemplo, que, con el mismo presupuesto y el mismo personal, una unidad de un hospital tiene 100 enfermos en lista de espera de seis meses, mientras que la equivalente de otro hospital tiene sólo 20 y la espera es de un mes. Conocer este dato permitirá aplicar correctivos, y es evidente que los beneficiarios más directos serían los 100 pacientes que estaban en lista de espera y los que, de no corregirse, hubieran sido víctimas de ella, aparte de poder destinar el dinero que antes se despilfarraba por mal funcionamiento a otras necesidades.El ministro Griñán prepara también un decreto, que entrará en vigor este mismo año, por el que se convertirá al Insalud en un ente público (sometido a derecho público o a derecho privado, esta cuestión aún está por decidir). La medida está destinada, según Marcos Peña, director general de Evaluación, a separar la financiación del gasto sanitario, que corresponderá al ministerio, y la provisión concreta de la asistencia, que correrá a cargo del Insalud.

La misma medida, recomendada por el informe Abril, se aplica ya en Cataluña. El tercer paso será dotar a los hospitales de autonomía de gestión. Es decir, aplicar mecanismos de gestión empresanal, lo que no significa su privatización, pues seguirán siendo de titularidad pública.