Los abortos por causas sociales debe financiarlos Sanidad, según expertos

La despenalización del aborto por causas sociales que afecten a la salud física o psíquica de la mujer, proyectada por el Ministerio de Justicia, ha sido criticada por médicos y colectivos favorables al aborto, por mantenerse la actual "inseguridad jurídica". Tales sectores consideran un contrasentido que el Gobierno contemple la situación económica de la embarazada y no resuelva la objeción de conciencia de los médicos públicos. Agregan que si no se resuelve tal contradicción, se obliga a las mujeres a seguir acudiendo a centros privados y que Sanidad debería hacerse cargo del coste de la intervención.

Sólo el 3,8% de las interrupciones de embarazo se realizan en la sanidad pública, tratándose en todos los casos de abortos de alto riesgo, bien por causas obstétricas o bien por la elevada edad gestacional (más de 12 semanas), según el informe remitido por el Gobierno al Congreso como paso previo para abordar la modificación de la actual ley. Si se mantiene esta situación, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo por razones económicas -limitada a las 12 semanas, según la propuesta de Justicia difundida por Efe- pueden encontrarse con la paradoja de tener que abonar el coste de la intervención. Ésta tiene un . precio mínimo que oscila entre 40.000 y 60.000 pesetas, dependiendo de que se realice con anestesia local o general.La solución a este conflicto pasa por la creación de clínicas del Insalud exclusivamente para atender esa demanda de aborto o por la firma de conciertos con los centros privados que ya están funcionando, según Javier Salmeán, jefe de servicio de ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés.

"Hay que resolver la asistencia dentro de las prestaciones del Insalud. Si una mujer tiene una indicación legal de aborto, yo creo que, evidentemente, debe pedir el reembolso de los gastos en un centro privado", afirma Salmeán. Para este especialista, "el aborto sencillo, que se puede hacer por aspiración, encaja muy mal en los mastodónticos hospitales públicos. Sale más barato en centros privados y también se podrían montar clínicas ambulatorias del Insalud".

De hecho, esos conciertos con el sector privado ya existen en comunidades autónomas como Andalucía y Valencia. En Madrid hay una propuesta de los clínicas privadas al Insalud en ese sentido, "pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta", afirma Marisa Castro, directora de la clínica Dator y coautora del proyecto de ley de plazos presentado por Izquierda Unida en el Congreso. "La salud es un derecho constitucional y el aborto debe ser considerado como una prestación más. Por ello, creemos que, en primer lugar, debe haber una oferta pública para todas las mujeres", continúa Marisa Castro.

Preocupados

En similares términos se manifiesta la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). "Es imprescindible que cualquier regulación en materia de aborto vaya unida a la regulación de la objeción de, conciencia de los sanitarios", afirman.Los problemas que plantea la ampliación de la despenalización del aborto preocupan también en el Ministerio de Sanidad y Consumo, según manifestó ayer Marcos Peña, director general de evaluación del Ministerio de Sanidad y Consumo. Peña, hombre de cionfianza del nuevo ministro, José Antonio Griñán, obvió pronunciarse sobre la ampliación, ya que "todavía debe discutirse en el Consejo de Ministros". No obstante, reconoció que entre sus tareas es "objeto de preocupación. y ocupación los efectos inducidos que produciría en el sistema sanitario la nueva normativa". "Obviamente% continué Marcos Peña, "el aborto vergonzante y el sufrimiento añadido de la mujer debe terminar". Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, por su parte, ratificaron ayer que la información de Efe es inexacta, negándose a hacer más precisiones.