Creada en Chile una 'red por la vida' para luchar contra las detenciones ilegales en América Latina

El XI Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), al que asistieron delegados de 14 países, culminó ayer con la creación de una red por la vida para denunciar con rapidez los casos de detención y desaparición de personas, y la reivindicación de una legislación internacional que sancione este delito como crimen contra la humanidad.

La reunión se celebró en Villa Grimaldi, un lugar utilizado como centro de torturas por la dictadura del general Augusto Pinochet, y culminó con un llamamiento general a favor de "la verdad y la justicia".Durante el acto se descubrió una placa en homenaje a las víctimas. El congreso de Fedefam, que recordó que sigue la impunidad en los 90.000 casos de detenidos desaparecidos latinoamericanos, denunció que esta práctica continúa en Colombia, El Salvador, Perú y Guatemala y se extendió a otras latitudes. La presidenta de Fedefam, la argentina María de Ignace, dijo a este periódico que asociaciones similares de Sri Lanka, Timor Oriental, Kurdistán, Sáhara Occidental y Suráfrica les están pidiendo asesoramiento.

"En América Latina hay miles de criminales libres", señaló la boliviana Loyola Guzmán, secretaria ejecutiva de Fedefam. Estados indolentes o impotentes, sociedades que prefieren olvidar y una justicia que abdicó de su papel permitieron la impunidad para quienes ordenaron esta forma de represión.

Señaló Guzmán, cuyo marido está desaparecido, que, "después de todo, pese al indulto dictado por el presidente Menem, Argentina es el país donde más se avanzó en la vía de la justicia". Las sentencias contra las juntas militares de Argentina y dos casos de desaparecidos en Honduras, en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció responsabilidad estatal, son las excepciones, añadió.

"Mientras no haya justicia, este método represivo puede volver en cualquier país de América Latina, porque los responsables están siempre allí y con el gatillo fácil", afirmó la presidenta de Fedefam, miembro de Abuelas de Mayo, organización que ha rescatado a 50 niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus padres. De Ignace tiene desaparecidos a su hija embarazada de cinco meses y a su yerno. En Argentina hay 183 casos registrados de niños desaparecidos, aunque se estima que la cifra real podría sobrepasar el medio millar.

Un sacerdote jesuita chileno, José Aldunate, militante de los derechos humanos, aseguró que la "justicia ética" debe sustituir a la justicia que no hacen los tribunales: "Se debe promover en la opinión pública un ambiente en que al crimen se le llame crimen, devolver el respeto a quienes murieron, rechazar a los torturadores y en el que se sepa el papel cumplido por las Fuerzas Armadas", planteó.

La opción no es fácil. En el debate, un delegado argentino contó su estupor por el hecho de que responsables de crímenes lograran votos en los comicios. Verónica Denegri, de Amnistía Internacional, una chilena madre de un joven quemado vivo por soldados, dijo que el problema son todas las violaciones a los derechos humanos: "Cada vez que paso frente a una ardilla, mientras no le vea la cola, pienso que es la rata que me introdujeron en la vagina durante las torturas".