Mejorar, no privatizar, la sanidad

Considera el articulista que la polémica en tomo a la privatización, o no, de la sanidad Pública no se ajusta a la realidad ya que no existe intención política de privatizarla. Expone, en cambio, la conveniencia de mejorar el funcionamiento de la sanidad pública, incorporando instrumentos de gestión empresarial.

La Ley General de Sanidad fue aprobada en 1986, poco antes de finalizar la primera legislatura socialista. A pesar de la importante oposición generada en algunos sectores, la Ley General de Sanidad opta; de entre los distintos modelos organizativos de la sanidad, por aquel que mejor garantiza los principios de equidad y solidaridad: el Sistema Nacional de Salud, que integra todos los servicios sanitarios públicos gestionados por el Estado y las comunidades autónomas. Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a estos servicios, que son financiados por ingresos públicos mediante impuestos y cotizaciones.La consideración del acceso a la sanidad pública como un derecho universal, unida a una financiación, gestión y patrimonio públicos, hace del Sistema Nacional de Salud un modelo equiparable al de los países occidentales con sistemas sanitarios más solidarios.

Desde la publicación de la Ley General de Sanidad se ha avanzado notablemente en la consolidación de nuestro Sistema Nacional de Salud. En el breve periodo comprendido entre 1986 y 1990 se ha extendido la cobertura de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a 2,5 millones más de personas, incrementando el gasto por persona protegida en más de un 30%. En la actualidad, el 99% de la población tiene cobertura de asistencia sanitaria pública, siendo el resto aquellas personas que, no perteneciendo a la Seguridad Social, tienen recursos económicos suficientes. Asimismo, el porcentaje de gasto sanitario público sobre el total se ha incrementado, hasta ser del 77%, igual al de la medía de los países más desarrollados.

Los datos aportados demuestran de forma incuestionable la decidida voluntad política para desarrollar y potenciar el sistema sanitario público. A pesar de ello se ha suscitado un debate que tiene como sustrato la falsa imputación al Gobierno de querer hacer exactamente lo contrario a la política desarrollada hasta este momento. Existe, pues, un claro equívoco que, a veces de forma intencionada, confunde la necesidad de mejorar la sanidad pública con su privatizarla.

En contraposición a los logros alcanzados, el Sistema Nacional de Salud tiene importantes problemas que son comunes a los descubiertos en otros países con sistemas sanitarios similares. Entre estos problemas pueden citarse el de las listas de espera (por ejemplo, en el Reino Unido hay más de 700.000 pacientes en lista de espera; en Canadá existen demoras de más de tres años para algunas intervenciones), la pobre capacidad de adaptación de los servicios a las preferencias individuales (ausencia de libertad de elección de médico) o la escasa eficiencia en la gestión de los recursos.

Los problemas mencionados son causa de insatisfacción, lo que disminuye la confianza y el soporte de la población hacia el sistema sanitario público. De hecho, según los datos de las encuestas de opinión, más del 75% de la población española desea que se introduzcan importantes cambios en la sanidad pública.

La inhibición frente a los problemas es, desde el punto de vista político, la alternativa más conservadora. El progresivo deterioro de los servicios y su paulatina deslegitimación introducen en el debate sobre la sanidad la sugerencia de transferir su gestión al sector privado.

Desestimado

La privatización de la sanidad ha sido descartada públicamente por el ministro de Sanidad y Consumo en cuantas ocasiones ha sido interrogado sobre este aspecto. La negativa a privatizar la sanidad no se basa en fundamentalismo alguno, sino en la convicción, sustentada por las comparaciones internacionales, de que los sistemas sanitarios con mayor participación del sector privado generan más desigualdades, oponen mayores dificultades a la introducción de políticas de salud e incluso son menos. eficientes en el control del gasto; esto es, producen resultados contrapuestos a la política sanitaria socialista. A pesar de ello existen sectores interesados en la privatización de la sanidad que mantienen una estrategia basada en exagerar las disfunciones de los servicios sanitarios públicos y alentar su privatización; a veces, desde la teórica defensa de la sanidad pública, se puede estar colaborando torpemente con esta estrategia.

Si la inhibición no es alternativa válida, como tampoco lo es la privatización de la sanidad, se deben plantear las medidas más adecuadas para mejorar el funcionamiento de los servicios. El ministro de Sanidad y Consumo ha señalado las estrategias de mejora del Sistema Nacional de Salud: por una parte, se trata de Introducir en el funcionamiento de los servicios públicos de salud instrumentos de gestión empresarial que faciliten su orientación hacia las demandas de los usuarios; por otra, se desarrollarán mecanismos de competencia entre los servicios públicos.

La estrategia de mejora del Sistema Nacional de Salud mantiene la titularidad pública de los servicios sanitarios. La configuración de los servicios de salud como organismos públicos con un funcionamiento empresarial es posible que haya podido ser mal interpretada en el sentido de privatizar la sanidad. Esta confusión equivale a afirmar que Radiotelevisión Española o la Caja Postal, que son empresas públicas, son entidades privadas con ánimo de lucro.

Las mejoras a introducir en el Sistema Nacional de Salud no deben quedarse en su formulación teórica, pues tienen indicadores claros para medir su eficacia. La disminución de los tiempos de espera y la libre elección de médico son dos de los objetivos del Ministerio de Sanidad.

Se trata de mejorar, que no privatizar, el funcionamiento de la sanidad pública. Una vez superado el falso debate suscitado es preciso que la Administración cuente con la colaboración de todos los agentes implicados para, mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, lo que significa aprovechar mejor los recursos disponibles para contribuir, desde la sanidad pública, a mejorar los niveles de salud, disminuir las desigualdades sociales y poner los recursos públicos al servicio de los intereses de los ciudadanos.

Javier Elola Somoza es director general de Planificación y Coordinación del Ministerio de Sanidad.