El déficit de las administraciones públicas llegó al 4% del producto interior bruto en 1990

El sector público cerró 1990 con un déficit total de unos dos billones de pesetas, o del 4% de producto interior bruto (PIB). Este déficit es el resultado de sumar los desequilibrios presupuestarios del Estado (un 2,75% del PIB), comunidades autónomas (0,8% del PIB), corporaciones locales (0,15%) y de las administraciones de la Seguridad Social (0,32%). El secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, aseguró ayer durante la presentación de estos datos que el déficit del Estado debía "corregirse a la baja" -hasta un 2,33% del PIB- por la concentración de dos devoluciones del IRPF en 1989 y ninguna en 1990. Tras esa corrección, el déficit público global queda en el 3,6% del PIB.

Con o sin corrección, el déficit del Estado cerró 1990 muy por encima del 1,7% del PIB (o 0,8 billones de pesetas) estimado en el Presupuesto de ese ejercicio; el mismo documento que prevé terminar 1991 con un déficit del 0,9% del PIB. Antonio Zabalza justificó este mayor déficit porque, según dijo, "a la desaceleración en el crecimiento de los ingresos se ha sumado un menor éxito en la contención del gasto".Este esquema de ralentización en el crecimiento de los ingresos y expansión sin freno de los gastos es la tónica de las administraciones territoriales (comunidades y ayuntamientos) que, en 1990, aportaron al déficit global del sector público cerca de medio billón de pesetas (o un 1% del PIB) como desequilibrio presupuestario.

El secretario de Estado de Hacienda resaltó la aportación al déficit de comunidades y ayuntamientos como el dato más preocupante para la contención del déficit. Admitió que en la actualidad no hay instrumentos legales que permitan frenarlo y expresó su deseo de alcanzar un acuerdo con los gobiernos de las comunidades autónomas para arbitrar "nuevas fórmulas" para reducir el déficit global.

Tal fórmula ya existe -destacó Zabalza- para el presupuesto del Estado de este año: se trata del reajuste que discute el Ejecutivo. En opinión del responsable de Hacienda, "el ajuste presupuestario no debería magnificarse pues no es una actuación inesperada sino que estaba prevista para el cumplimiento del artículo 10 de los presupuestos de 1991 ". Este artículo exige que las obligaciones reconocidas a final de año no superen los créditos iniciales, o, de otra forma, exige que el gasto del Estado no crezca más de lo presupuestado.

Empleo temporal

Una primera parte del ajuste presupuestario, que Zabalza cuantificó en 250.000 millones de pesetas, era "obligada" tras la desviación al alza del gasto de prestaciones sociales. Ese cuarto de billón de pesetas se desglosa en 150.000 millones más para el subsidio de desempleo y otros 100.000 millones para cumplir el compromiso del Gobierno de elevar la tasa de cobertura de los parados.

La subida de las prestaciones por desempleo es uno de los efectos del aumento del empleo temporal y de la rotación por distintos puestos de trabajo. Así, aunque el paro no ha aumentado en los últimos meses, sí lo ha hecho el de corta duración, por lo que los desempleados cobran el máximo previsto como seguro de paro.

El segundo componente del ajuste, y al que no obliga la ley de presupuestos, es el menor ritmo de crecimiento de los ingresos. Antonio Zabalza reconoció ayer que el presupuesto de este año está mal diseñado, toda vez que preveía concluir 1990 con unos ingresos superiores (en 300.000 millones de pesetas) a los que finalmente consiguió recaudar el Estado. Ese error de cálculo se traslada a la previsión de ingresos y de déficit para este ejercicio.

Zabalza reconoció que la mayor parte del recorte del gasto -cuya cuantía final dijo que estaba pendiente del Consejo de Ministros- se efectuará en el capítulo de inversiones, "porque es el más flexible". El problema es que el presupuesto de 1991 prevé un total de inversiones para el Estado de 1,08 billones de pesetas, con lo que el ajuste previsto inicialmente (440.000 millones) anularía el 40% de las mismas.

La inversión global de todas las administracions públicas fue en 1990 de 2,4 billones de pesetas, que se reparten en 690.000 millones de pesetas de obra civil del Estado, 300.000 millones de inversiones en defensa, 757.000 millones de gasto de inversión de las comunidades autónomas y 687.000 millones de inversión en las corporaciones locales. El Estado dedica así el 3,1% de su gasto total a inversiones civiles, mientras que las autonomías invierten el 23,3% de su gasto total y los ayuntamientos el 24,1% del suyo.

Fraude del IVA

El impuesto que más ha colaborado a la caída de ingresos públicos -uno de los motivos para el ajuste presupuestarioes el IVA. Zabalza aseguró ayer que su departamento está decidido a cercar la vigilancia sobre este tributo, que en 1990 sólo logró una subida de la recaudación del 6,5%. El problema, comentó Zabalza, es que "el control en el IVA es muy dificil pues es el único impuesto que han inventado los economistas". Ese control se intentará mejorar con un "plan especial de inspección y administración del IVA", que Hacienda va a poner. en marcha desde la Agencia Tributaria.