Una transición atípica

El secretario general de la ONU lo destacó recientemente ante el Parlamento Europeo: "La democracia ha hecho progresos espectaculares en el curso de los últimos años, no sólo en Europa, sino también en América Latina y el Caribe". Es decir, no sólo en los países más accesibles para los mass media de la CE, sino también en la parte del Tercer Mundo a la cual Javier Pérez de Cuéllar, como peruano, pertenece.La observación induce a estudiar con mayor atención los métodos a través de los cuales la democracia -como valor, cultura y forma de gobierno- nace o renace, se desarrolla y se consolida en América Latina. En definitiva, obliga a profundizar en aquellos cambios que ya no emanan de acontecimientos traumáticos, sino de la pacífica y categorizada transición. La experiencia española -antecedente señero- presenta la transición como un proceso dinámico en virtud del cual un sistema autoritario va cediendo posiciones a un sistema democrático, sin explosión institucional y manteniendo la continuidad, jurídica del Estado. Supone, así, una delicada y conflictiva transparencia de poderes entre el sistema que se extingue y el que nace.

Atado y bien atado

En tal contexto, la lucha política adquiere niveles de la más alta complejidad, y las exigencias a la imaginación y al liderazgo político resultan particularmente severas.El paradigma permite apreciar con buen instrumental analítico los procesos similares que vienen desarrollándose en esa región tan vinculada a España. Particularmente en Chile, donde el fenómeno contiene elementos reconocidos como insólitos por sus analistas y actores: "Nuestra transición es atípica", advirtió el presidente Patricio Aylwin en su visita oficial del pasado mes de abril.

La atipicidad radica fundamentalmente en que el proceso chileno surge desde el marco jurídico-político diseñado, con prolijidad y sin contradictores, por el régimen militar. Así, éste se autogarantizaba -en el peor de los casos- la pertenencia al más alto nivel de las instituciones. Por eso hoy puede verse al antiguo gobernante al mando de la fuerza militar más importante" a representantes parlamentarios designados de similar status que los elegidos y a un significativo número de autoridades locales o municipales instaladas por el régimen anterior.

Tan alto perfil se articula además con una base social no desdeñable -en términos del sistema electoral-, propia de un régimen que ha perdido, pero que no se ha derrumbado.

Los seguros y los reaseguros del poder en extinción (amarres, en la jerga local) han obligado a optimizar el talento de los actores políticos del sistema democrático que nace. Ha surgido de este modo en Chile un pensamiento renovado casi ecuménico: en las fuerzas que orientan la transición desde el Gobierno y en las que ejercen la oposición privilegiando los factores de negociación y compromiso.

En su esencia, un ejercicio práctico de la instrumentalidad teórica de los partidos. Por lo menos en esta etapa, tan complicada, los líderes aceptan que sus organizaciones no pueden ser fines en sí mismas ni tienen el monopolio de la participación. Es lo que permite que Aylwin sea efectivamente un presidente para todos, con una Democracia Cristiana que no ejerce hipotecas sectarias sobre su presidencial militante.

La ordalía suprema radica en la necesidad de conducir el proceso con la vista puesta en el futuro, asumiendo los conflictos del presente y determinando responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos del pasado. Esto último, sin precedentes en el caso español y con precedentes conflictivos en otros países suramericanos, implica que hay que gobernar sin ensimismarse en el ajuste de cuentas, como algunos temen y otros quisieran.

Enfrentando simultaneamente -entre otros problemas- una deuda externa dura, una deuda social respetable y desigualdades crecientes que hay que reducir; advirtiendo cada cierto tiempo al jefe del Ejército que, según la Constitución que aprobó, él es un subordinado del presidente de la República, y rechazando la pretensión de impunidad de quienes infringieron normas básicas de convivencia civilizada.

Responsabilidades

La experiencia chilena, en este aspecto, se orienta a identificar las responsabilidades personales, poner los antecedentes en manos de la justicia, poner de relieve el valor efectivo de la sanción moral y contemplar, de partida, la instancia del perdón.Una estrategia a la medida de las posibilidades, ya que, según la mayoría de los observadores, el poder judicial chileno ni tuvo iniciativas propias en la materia ni ha demostrado un interés especial en comenzar a tenerlas. La difícil opción asumida por el actual Gobierno se apoya, por una parte, en la decisión de mantener los equilibrios macroeconómicos conseguidos por el régimen anterior (que en la comparación regional aparecen como una conquista técnica), y por otra, en una fuerte tradición democrática, enraizada en la memoria colectiva: "Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre", dijo Salvador Allende, saludando esa tradición horas antes de morir. "La democracia fue siempre el camino de Chile, y tarde o temprano tendrá que volver a serlo", dijo el presidente Eduardo Frei en 1980, con idéntica intención, en vísperas de aprobarse la Constitución elaborada por el régimen castrense.

También se apoya dicha opción en un muy peculiar sentido de la legalidad, que juega a favor de cualquier ordenamiento jurídico, al margen de los elementos espurios que pueda contener. Chile es un país de juristas y tinterillos (abogados informales). Algunos analistas destacan además la importancia de su desarrollo cultural, expresado en la formación de un personal político de alto nivel. Ajeno a la profesionalidad pura y mediocremente política.

No deja de ser llamativo que el liderazgo de los partidos muestre una plétora de profesionales y profesores universitarios, de investigadores, economistas, científicos sociales y hasta de algún novelista.

En el Gabinete destacan, por su parte, un ex rector de la principal universidad nacional, un ex secretario general de la misma y por lo menos cinco eminentes catedráticos con una vasta obra publicada. El propio presidente ha ejercido durante décadas la cátedra de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Escarmiento de la vida

En marzo de 1989, enfrentando el proceso electoral, Enrique Silva Cimma -líder radical y actual ministro de Relaciones Exteriores- publicó un libro en el cual dimensionaba la meta y los obstáculos: "Cuando Chile retorne a la democracia plena, habrá comenzado a salir de una de las más profundas crisis de su historia". A poco más de un año ya puede decirse, a contrapelo de la desmoralización a prior¡ de los críticos impacientes, de la actitud negativa -eventualmente terrorista- de los elementos no democráticos y de la reticencia de muchas víctimas del régimen anterior, que la transición chilena tiene las mejores perspectivas de consolidación.Si así sucede, quedará demostrada una importante percepción de Aylwin: "El pueblo chileno aprendió con su propio dolor el coste de la intransigencia y el dogmatismo". Aprendizaje que explica e implica, en todos los niveles, el predominio de los dirigentes centrados y escarmentados. Aquellos que, en definitiva, consiguieron superar la crítica rencorosa y las autocríticas litúrgicas, para asumir una genuina responsabilidad nacional por la dramática peripecia de las últimas dos décadas.