Discusiones sobre un acuerdo

Conforme avanza el debate en Estados Unidos y en México sobre el acuerdo de libre comercio, comienzan a vislumbrarse con mayor claridad los verdaderos alcances del proyecto, así como algunas de sus consecuencias más importantes. Asimismo, en Estados Unidos, en la medida en que la oposición al acuerdo crece y se desarrolla, empieza a darse un proceso de negociación interna de la cual saldrá, a final de cuentas, un acuerdo muy distinto al que se esperaba originalmente.Una primera conclusión que va desprendiéndose del debate en Estados Unidos es que el acuerdo, bajo cualquiera de sus formas previsibles, no tendrá una enorme importancia. Ya The New York Times, uno de los principales partidarios del libre comercio con México, dice en su editorial del jueves 4 de abril que, a diferencia de las negociaciones sobre el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), en el caso de México se trata de un acuerdo modesto, sin mayores implicaciones. Llega el Times incluso a proponer que no se pierda lo más -el acuerdo del GATT- por lo menos -el ALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) con México-, y que si es preciso separar las dos votaciones del Congreso, que así se haga, incluso si ello implica postergar la negociación con México.

Los diversos estudios que se han llevado a cabo, o bien por agencias del Gobierno norteamericano o bien por instituciones privadas, muestran también que el impacto comercial del acuerdo será reducido: ni Estados Unidos puede exportar mucho más a México (salvo maíz, pero todo indica que la agricultura de subsistencia mexicana quedará excluida del convenio), ni que el acuerdo vaya a surtir mayor impacto sobre las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. En principio, ya el 45% de nuestras exportaciones a Estados Unidos ingresan exentas de aranceles; el resto paga un arancel ponderado promedio del 3,9%. En cuanto a las barreras no arancelarias, las diversas oposiciones laborales, de defensa del consumidor y del medio ambiente y agrícolas casi garantizan que, si hay acuerdo, éste no podrá eliminar o aminorar las barreras no arancelarias que responden a conquistas o demandas de estos sectores.

El acuerdo sigue siendo más bien un acuerdo de inversiones, cuyo propósito central es llevar la inversión extranjera a México. También, conforme se avanza en los estudios y encuestas, surge la impresión de que el impacto esperado no tendrá lugar: el acuerdo sí contribuirá a incrementar la inversión extranjera en México, pero no en grandes proporciones. Según el nuevo despacho de consultoría y análisis económico GEA, que por fin proporciona estadísticas serias, y al mismo tiempo adopta una actitud crítica y cautelosa frente a las cifras que genera el Gobierno, la inversión extranjera en México durante el período enero-septiembre del año pasado, de acuerdo con la balanza de pagos del Banco de México y el flujo real, no con los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, alcanzó 1.574 millones de dólares menos que los 1.853 millones de dólares por el mismo lapso que el año anterior (GEA Económico, 12 de marzo, página 17).

Se entiende porque el régimen quiere que el ALC traiga más inversión, pero no es para nada seguro que así resulte. Los demócratas ya han encontrado una fórmula tentativa para darle expresión legislativa a una tesis económico-política que muchos esgrimen en Estados Unidos, a saber: si el ALC realmente llegara a significar la fuga de millones de empleos de Estados Unidos a México, mediante la llegada a nuestro país de flujos cuantiosos de inversión extranjera, entonces sí sería derrotado o abrogado por el Congreso norteamericano, y por el mismo Ejecutivo. Al querer introducir una cláusula al convenio que justamente contempla esta fórmula de escape la posibilidad de que, en efecto, se dé el salto espectacular de la inversión que muchos esperan.

Además, un resultado ya seguro de presión creciente de diversos grupos en tomo a la defensa del medio ambiente y del consurrudor, y los derechos y las normas laborales, es que habrá algún tipo de vinculación de estos elementos al convenio. Por ahora es imposible saber si estos temas serán incluidos dentro del acuerdo, si más bien habrá convemos paralelos o si bastará una certificación por parte del Ejecutivo norteamericano en tomo al comportamiento del Gobierno de México en estas materias. Pero algo habrá. Y esto también contribuirá a mermar el hipotético flujo de inversiones. Éste es un segundo aspecto del carácter modesto del acuerdo.

Otro aspecto de esta naturaleza del acuerdo reside en las verdaderas iniplicaciones de la votación sobre el llamado Jasttrack, o carril expedito, de ratificación legislativa del convenio. Ya algunos analistas mexicanos han destacado este punto (Luis Rubio en La Jornada, por ejemplo), pero habrá que ampliarlo. Ni es cierto que sinfasttrack no puede haber acuerdo, ni es cierto que con la votación del fast-track en mayo se acabaron las resistencias, enmiendas y presiones. El procedimiento del fast-track se introdujo en Estados Unidos ante todo para negociaciones comerciales multilaterales tipo GATT, no para acuerdos bilaterales. Es perfectamente posible negociar un acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá sin el fast-track, aunque, por supuesto, se trataría de un proceso más lento y complicado. Asimismo, de aprobarse el Jast-track, la fuerza ya mostrada por la oposición alconvenio asegura que el Ejecutivo tendrá que incorporar al Congreso y a los sindicatos a la negociación, ya que, de no hacerlo, corre el riesgo de ver derrotado el convenio final cuando tenga que ser aprobado por el Congreso.

Un último elemento de cierto interés que ha surgido en el curso de este complejo proceso de discusión, negociación y enfrentamiento en Estados Unidos es la impresión generalizada que impera en diversos ámbitos norteamericanos sobre el desprecio que las autoridades mexicanas parecen tener por la oposición estadounidense al acuerdo. Es cierto que los círculos norteamericanos con los cuales el régimen del presidente Salinas siente mayor afinidad -la derecha conservadoracomparten ese desprecio y lo hacen explícito con frecuencia. Pero eso es parte de la política interna de Estados Unidos, y obedece a las peculiaridades de la cultura política norteamericana. No parece tener mucho sentido que los funcionarios mexicanos compren los pleitos, odios y resentimientos de sus aliados en Estados Unidos, comprando también así la enemistad de quienes se oponen hoy al ALC, pero que quizá mañana sean aliados en otros combates. No hay por qué comprar broncas ajenas; bastante tenemos todos con las in uestras.

Jorge G. Castañeda es profesor de Historia de la Universidad de México.