Chile, en suspenso

Los chilenos viven días de desvelo con la lectura del contundente informe de la Comisión Rettig, grupo de prestigiosas personalidades al cual el presidente Aylwin encargó investigar los delitos con consecuencia de muerte o desaparición de personas cometidos durante el régimen militar de Pinochet. Resulta conmovedor el recuento de los 2.279 casos que toca el informe, aun cuando éstos constituyen sólo la punta del iceberg de todo lo ocurrido en 17 años de dictadura, si se considera que todavía hay muchos casos de ejecutados que no se consignan en ningún balance y que tampoco se registran aquí tantas otras formas de represión que, como la tortura y el exilio, fueron ejercidas diariamente por el Gobierno pinochetista.Prácticamente todos los sectores políticos y sociales chilenos han asumido con interés las conclusiones de la Comisión Rettig, reconociendo que los horribles hechos allí consignados son indesmentibles y consecuentes con una política de exterminio y de violación sistemática de los derechos humanos. El informe es lapidarlo, incluso, cuando le imputa a la DINA y la CNI la ejecución de la mayoría de los delitos y, por ende, le asigna a Pinochet -el creador y cabeza máxima de aquellos servicios secretos- la autoría intelectual de estos crímenes considerados de lesa humanidad. Sin embargo, contrariando el propósito de reconciliación que animó al nuevo Gobierno al crear esta comisión investigadora, la verdad oficial que hoy llega a los chilenos más bien ha provocado un sentimiento popular de indignación e impotencia. Al mismo tiempo, es evidente que ha dejado al desnudo las febles bases en las que se funda la tradición democrática chilena.

En un brillante y emotivo discurso, el presidente Aylwin pidió perdón a las víctimas por la culpa que tuvo el Estado en la acción de tantos delitos, pero no se animó a exigirle a Pinochet siquiera la renuncia a su cargo de comandante en jefe del Ejército. Asimismo, aunque enrostra severamente a los tribunales sus faltas y omisiones en desmedro de la Justicia, tampoco propuso la, derogación de la Ley de Amnistía vigente, mediante la cual está asegurada la impunidad de la. mayoría de estos crímenes.

La lectura del informe efectivamente está animando las demandas de justicia más que de reconciliación, al tiempo que se abren de nuevo en la sociedad chilena una serie de heridas que parecían cicatrizarse. El Ejército, acorralado por la verdad, vuelve a asumir una acción desafiante y de solidaridad con su comandante en jefe, al grado que entra en polémica pública con el partidosocialista y con la prensa que agita las banderas del castigo a los culpables. Una reacción mucho más templada, sin embargo, han adoptado los marinos, aviadores y carabineros, cuyas instituciones han recibido con solemnidad el informe y asumen, en general, su responsabilidad.

Malestar en la derecha

Del lado de la derecha, si bien nadie ha justificado las violaciones contra los derechos humanos, la verdad es que no agradan mucho estos informes o las pesquisas judiciales para un esclarecimiento mayor de los hechos y los culpables. No hay duda de que en estos procesos pudieran verse comprometidos no pocos de sus dirigentes políticos que entonces sirvieron como ministros o funcionarios de estrecha relación con Pinochet. A manera de doblar luego tan ingrata página se explica la buena disposición de los dos partidos de oposición para discutir y aprobar a la mayor brevedad posible todas las iniciativas que el Gobierno leproponga al Parlamento para reparar materialmente a los familiares de las víctimas. Pero no hay ningún político de este sector que se haya sumado a la demanda de otros partidos y organizaciones sociales por la renuncia de Pinochet, la derogación de la Ley de Amnistía y una reforma severa del poder judicial.

En el otro extremo del arco iris político chileno, la frustración cunde al comprobarse las limitaciones claras que tiene el régimen de transición para por lo menos exonerar de los cargos públicos a los principales autores de la represión. Esta situación se hace todavía más patética cuando al cumplir un año la Administración de Aylwin todavía permanecen en las cárceles decenas de presos políticos de la dictadura. Ciertamente que este flagrante y absurdo contraste puede abrir paso a nuevos episodios de violencia, como el homicidio que hace algunos días terminó con la vida de un médico del Ejército que colaboró con la tortura.

Quizá los que mantienen mayor confianza en el informe Rettig y en la posibilidad de que loscrímenes de la dictadura no queden impunes sean las organizaciones políticas más moderadas. Llama la atención la vehemencia demostrada por los jóvenes democristianos, del partido del presidente Aylwin, en su campana por la depuración del poder judicial. Este hostigamiento a los altos magistrados ha llevado al máximo tribunal a advertir públicamente que en Chile vuelve a estar "en peligro la estabilidad institucional", sentencia que recuerda la de la misma corte antes del golpe militar de 1973.

Esta grave acusación, sumada a la rebeldía de Pinochet y el Ejército, y a esos sensacionalistas augurios de la prensa de derecha que amenazan otra vez con el caos y la acción del extremismo, caen como un balde de agua fría para los chilenos que confíaban en la consolidación rápida de su proceso democrático.

Por ahora, el informe Rettig está provocando controversia, indignación, temores y otros sentimientos encontrados con la armonía social. Por otro lado, junto a la nómina de los muertos y desaparecidos por la dictadura, el país quiere poner ahora la de los millones de chilenos torturados, exillados y perseguidos de tantas otras formas. Todos ellos también se merecen una verdad oficial, así como una consecuente reparación moral o material por parte de un Estado que por fin se reconoce culpable, pero que al mismo tiempo sigue en connivencia con los más crueles verdugos de la sociedad chilena.