El Congreso aprueba la creación del Instituto Cervantes para la difusión del castellano

La ley de creación del Instituto Cervantes fue aprobada definitivamente ayer por el Congreso de los Diputados "en un ambiente dialogante y de consenso" según el diputado socialista Salvador Clotas. Todos los grupos parlamentarios, excepto el del Partido Popular -que se opuso a la ampliación del patronato de la nueva institución-, ratificaron las modificaciones de] texto aprobadas por el Senado. La discusión parlamentaria no ha permitido que el instituto, concebido por el Gobierno como "unos zapatos a medida para el castellano", en expresión de Clotas, se ocupe también del gallego, del catalán y del vascuence, como propusieron en su día vascos y populares.

Clotas destacó, de entre las enmiendas aprobadas por el Senado, la que admite la posibilidad de colaboración del instituto con diferentes órganos de la Administración del Estado; la que le otorga al instituto una dotación presupuestaria inicial de 2.200 millones de pesetas; y la que amplía su patronato de los 20 miembros previstos en el proyecto a 25, informa Efe.Esta última enmienda no fue apoyada por el grupo Popular porque "atribuye al posterior desarrollo reglamentario de la ley, y por ello al Consejo de Ministros [órgano al que compete la aprobación de las normas de desarrollo legislativo], la facultad de fijar qué miembros del patronato deberán ostentar la condición de vocales natos en razón de su cargo", según informó Loyola de Palacio, portavoz del Grupo Popular.

La actitud de los populares se debió también al hecho de que no se ha fijado ningún plazo para la elaboración del mencionado reglamento, lo que, en la práctica, también deja en manos del Gobierno, según de Palacio, la decisión de dar luz verde al inicio de las actividades del Instituto.

Populares y vascos

Las propuestas presentadas en su día por los populares y los grupos nacionalistas vascos para adecuar el proyecto a la realidad autonómica y plurilingüe de España y lograr que el Instituto se ocupara también del catalán, del vascuence y del gallego no fueron debatidas de nuevo ayer, ya que, por mandato reglamentario, la discusión se limitó a las modificaciones aprobadas por el Senado.Clotas ya advirtió, en declaraciones efectuadas en su día a este diario, que el Instituto Cervantes iba a ser un instrumento destinado única y exclusvamente a la enseñanza y difusión del español y que su creación en estos términos, muy debatida por el Gobierno, dijo, obedece la una necesidad y a una demanda". El diputado socialista reconoció, no obstante, que la Administración central debe prestar su ayuda para resolver los problemas de los restantes idiomas oficiales, "pero mezclar este objetivo con los del instituto sería un disparate".

En sintonía con estas declaraciones, fuentes del partido de los socialistas catalanes señalaron, a preguntas de este diario, que "el Gobierno central tiene la misma responsabilidad en relación al castello que al catalán", aunque sus acciones en relación a este último, matizaron "debe coordinarse con la Generalitat".

En medios nacionalistas causó sorpresa el hecho de que el grupo de Convergència i Unió (CiU) no hubiera presentado propuestas similares a las de los populares y vascos o que, en su defecto, no hubiera apoyado las impulsadas por éstos. La actuación de CiU fue interpretada como un síntoma de que "los catalanes preparaban algo por su cuenta". Ese "algo" debía ser, según los medios consultados, el Instituto Llull, una institución similar al Cervantes pero dedicada exclusivamente al- catalán.

Pero la creación del Instituto Llull fue propuesta por Iniciativa per Catalunya (IC) -socio catalán de IU- mediante una proposición de ley presentada al Parlamento catalán el pasado miércoles, 24 horas antes de que la creación del Instituto Cervantes fuese aprobada en Madrid. Esta iniciativa se ha producido después de que una sentencia del Tribunal Constitucional, fechada el pasado mes de febrero, reconozca a las comunidades autonómicas "la posibilidad de actuar en la difusión o intercambio cultural de su patrimonio hístórico o de promover sus valores culturales fuera de España, siempre que con ello no se generen responsabilidades frente a terceros".

La propuesta de creación del Instituto Llull, coordinada por el diputado autonómico Ignasi Riera, surgió de las jornadas sobre difusión de la cultura catalana organizadas por IC en las que participaron representantes de partidos de izquierda de la Comunidad Valenciana y de las islas Baleares.