El desgobierno de las naranjas

Las cooperativas citrícolas de Valencia, Alicante, Murcia y Andalucía anunciaron en noviembre su salida "irrevocable" del Comité de Gestión para la Exportación de Frutos Cítricos, donde están representados el sector exportador, los sindicatos agrarios y las organizaciones de productores de cítricos. La salida de las cooperativas, así como de tres sindicatos agrarios, ha reavivado una petición histórica a la Administración: una organización donde esté representado el sector citrícola.

Una semana después de la salida de las cooperativas, responsables de un 33% de las exportaciones totales del Comité de Cítricos, anunciaron también su retirada otras tres organizaciones profesionales agrarias integradas en el comité. El común denominador de las citadas salidas ha sido la incapacidad del comité presidido desde 1978 por Julio de Miguel, para hacer cumplir sus acuerdos plenarios mayoritarios y su ineficacia para autorregular la actual campaña de exportación de agrios.

El Comité celebra ahora sus plenos con la presencia tan sólo del comercio privado, que ostenta la mayoría de votos en la entidad y representan el 66% de las exportaciones del organismo, y de las cooperativas de Castellón que , con independencia de la decisión de la práctica totalidad del sector cooperativo, decidió quedarse temporalmente en el Comité.

Los sectores escindidos se han agrupado también y se autorregulan en este momento ajenos al funcionamiento del comité. Según ambas partes, la división no ha impedido que la campana se desarrolle con normalidad. Sin embargo, las cooperativas se niegan a volver a una institución carente de autoridad y que ha demostrado en innumerables ocasiones su resistencia a evolucionar.

Comercio

La actual crisis se originó con el comienzo de la campana citrícola, en septiembre, con un aforo de cosecha en la Comunidad Valenciana -productora del 80% de los cítricos españoles- de 3,6 millones de toneladas. Las cooperativas eran partidarias de un calendario de inicio de las exportaciones para cada una de las variedades citrícolas, mientras el comercio privado, debido a que la cosecha era más temprana este año, querían exportar sin ninguna limitación. Triunfó la fijación de un calendario, no sin reticencias por parte de miembros del comercio privado.

La ordenación de fechas saltó en pedazos cuando un exportador privado del comité, Antonio Muñoz, exportó un camión de agrios fuera de la fecha fijada por el organismo, acogiéndose a una disposición de la Dirección General de Comercio Exterior. Esta desobediencia, aunque ajustada a la legalidad, abrió una primera brecha en la unión de los miembros de la asociación.

Los últimos resquicios de paciencia se perdieron en el pleno del 16 de noviembre, momento de precios bajos para los cítricos españoles. Las cooperativas y algunos sindicatos agrarios tantearon extraoficialmente entre los distintos sectores del comité la posibilidad de reducir un 10% la exportación para evitar que los agrios españoles incurrieran en las tasas correctoras que la Comunidad Europea tenía previsto aplicar a partir del 1 de diciembre de 1990 si los precios de la naranja española eran inferiores a los mínimos comunitarios.

La falta de compromisos de algunos miembros del comercio privado de respetar la contingentación, aunque esta decisión fuera aprobada por mayoría plenaria, cuestionó la capacidad del Comité de Gestión para realizar una autorregulación.