Un alto cargo de la sanidad catalana será juzgado por denegar un aborto legal

Jaume Bergadà, director general del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, será juzgado bajo las acusaciones de coacciones y omisión del deber de socorro por haber denegado el derecho de abortar a María Rosa Martín García, que solicitó la interrupción del embarazo por el grave peligro que representaba la gestación para su salud. En noviembre de 1985, Bergadà, entonces subdirector general de los Servicios Sanitarios de la Generalitat de Cataluña, negó la autorización, y la mujer, de 39 años y madre de cuatro hijos, tuvo que acudir a un centro de Holanda y costearse la intervención.

María Rosa Martín presentó una querella criminal contra Bergadà en noviembre de 1986 por considerar que había sido privada de un derecho amparado por la ley del aborto, aprobada en agosto de 1985. Al cabo de cuatro años la juez Carmen Suárez, titular accidental del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, ha resuelto abrir juicio oral contra Bergadà y los siete miembros de la comisión de evaluación de la residencia del Vall d'Hebrón de Barcelona. En el auto, dictado el pasado 3 de diciembre, la magistrada dispone que cada uno de los acusados deposite una Fianza de un millón de pesetas para atender la responsabilidad civil.La mujer acudió en noviembre de 1985 a un centro de planificación de Santa. Coloma de Gramenet (Barcelona), ciudad donde residía, solicitando la interrupción del embarazo, acogiéndose al primer supuesto de la ley para los casos en que la salud de la madre corre grave peligro.

María Rosa Martín, que había tenido dos abortos espontáneos, aportó un informe médico que señalaba que padecía graves problemas circulatorios: trombos parietales y varicosidades importantes.

Las alteraciones le fueron diagnosticadas tras el nacimiento de su último hijo, en 1978. El informe precisaba que no existía la posibilidad de un intervención quirúrgica para atajar las irregularidades de la circulación de la sangre.

A la vista del caso, dos facultativos del centro de planificación, Mercè Gascó y Francisca Molero, firmaron el dictamen aconsejando la interrupción del embarazo. El 17 de noviembre de ese mismo año, la mujer tuvo una entrevista con Bergadà quien, a, ver el informe, le indicó que debía someterse a otro reconocimiento, examen que se realizó. Toda la documentación se remitió a la comisión de evaluación de la residencia maternal del Vall d'Hebrón, ya que en aquella época era preceptivo el pronunciamiento de la citada comisión.

La respuesta fue negativa. Sin embargo, el informe de la comisión destacaba la sorpresa por el estado de gestación actual" debido a que su estado de salud lo desaconsejaba. Añadía que María Rosa tenía que haber sido sometida a una rigurosa contracepción. En este sentido, la demandante declaró ante el juez que antes del embarazo había solicitado una intervención de ligadura de trompas, que le fue denegada. La comisión de evaluación se opuso a la práctica del aborto porque, según sus miembros, la gestación podía ser controlada".

Todos los miembros de la comisión serán juzgados bajo los mismos cargos que Bergadà. Los integrantes de la comisión eran: Francesc Pla Clavell, José Antonio de Andrés gastón, Àngel Martínez de la Riva, José Antonio Somoza Acuña, Eugenio Castells Alpuente, Jorge Prats Viñas y Enric Serret Grau.

Bergadà se sumó a la negativa de la comisión y notificó verbalmente a la solicitante la imposibilidad de practicar el aborto en un centro de la sanidad pública catalana. Ante la respuesta, la mujer decidió viajar a Holanda y el 19 de diciembre de 1985 aborto en un centro de Amsterdam.

Poco después, María Rosa Martín decidió emprender acciones judiciales por considerar que había sido privada de un derecho, además de haber sido sometida a coacciones y vejaciones por determinados empleados de la sanidad pública catalana cuando al atenderla en los trámites comprobaban que se trataba de una petición, de aborto.

Indemnización del ICS

Pese a que la querella fue presentada por la abogada María José Varela en 1986, la tramitación de las diligencias ha sufrido continuos atrasos, así como algunos incidentes. Uno de ellos fue la recusación de un perito, designado por el juzgado, porque estaba vinculado a una de las partes demandadas, el Instituto Catalán de la Salud (ICS), al que asesoraba. Finalmente, la juez Carmen Suárez ha optado por abrir el juicio oral en base a la acusación formulada por la propia demandante, ya que en este caso el ministerio Fiscal no ha presentado escrito de acusación. El juicio se celebrará una vez que las defensas presenten el escrito de calificación en el juzgado.

Por su parte, la acusación particular pide una multa de 300.000 pesetas para cada uno de los inculpados y requiere del ICS, en concepto de responsable civil subsidiario, una indemnización de cinco millones de pesetas. En el auto de apertura de Juicio oral la magistrada no hace mención sobre la posible responsabilidad civil subsidiaria.