Frente a la ley, el pasaporte en regla
Los criterios restrictivos con que se aplica en los hospitales públicos la ley que despenaliza las interrupciones voluntarias del embarazo en tres casos -peligro para la vida de la madre, malformaciones fetales y gestaciones fruto de una violación- mantiene vigentes, aún hoy los viajes al extranjero para resolver los problemas que se plantean alrededor de un aborto.En 1985, año de entrada en vigor de la ley. 17.688 españolas abortaron en la capital británica. Un año mas tarde fueron 11.935 mujeres con pasaporte español las que pasaron por las clínicas londinenses para interrumpir sus embarazos según la Office of Population, Censures and Surveys (0ficina de Censes y Encuestas de Población).
A partir de esta fecha, los tránsitos al extranjero con esa finalidad descendieron bruscamente. En este hecho influyeron dos factores: el cierre de las clínicas de Londres y Amsterdam abiertas para atender a las españolas y la autorización en España de los primeros centros privados dispuestos a atender las demandas de aborto. Aun así, más de 5.000 mujeres vivieron ese año la zozobra de salir un fin de semana para Londres con la esperanza de que la ausencia de complicaciones en la intervención les permitiría tomar el lunes el avión de regreso.
Previamente, Timothy Rutter, director de varias de esas clínicas en Londres y Amsterdam, envió una carta a los tocólogos españoles anunciándoles el cierre de sus centros. Rutter argumentaba en su misiva que la vigencia en España de una ley muy similar a la inglesa convertía en innecesarias sus clínicas y les ofrecía su asesoramiento si querían abrir centros similares.
A pesar de ello, en febrero de 1988 Rutter reconocía que seguían llegando mujeres procedentes de distintos puntos de España. En esa mismas fechas la fundación Population Services (asociación internacinal sin ánimo de lucro) se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad y Consumo ofreciéndose para abrir un centro en España o recibir en Londres a españolas a un coste por intervención -22.000 pesetas- más económico que el vigente en las clínicas españolas.
El desconocimiento de las clínicas privadas autorizadas en cada comunidad autónoma y las dificultades que siguen planteando los tocoginecólogos de los hospitales públicos propicia que aún hoy muchas mujeres se vean en la situación de Rosa María Martín García, según la Federación de Planificación Familiar de España.
