Con la salud ajena

EL RECIENTE descubrimiento en Barcelona y en Manresa de dos fábricas de sustancias ilegales para el engorde artificial de ganado y la desarticulación de la red que las comercializaba pone de manifiesto, una vez más, la existencia de desaprensivos que no cejan en el empeño de enriquecerse a costa de la salud, e incluso la vida, de los consumidores. El hecho ocurre apenas superado el sobresalto que produjo la comprobación, hace año y medio, de la existencia de un amplio mercado clandestino de hormonas para el engorde artificial de ganado vacuno y se añade a otros fraudes alimentarios que en los últimos años han puesto en grave riesgo la salud de muchos ciudadanos.El recurso de las hormonas anabolizantes -prohibidas en el ámbito de la Comunidad Europea- es propiciado por la alta rentabilidad que proporciona y por las cada vez mayores posibilidades, en eficacia y ocultamiento, que ofrece la química. Los expertos calcularon en 18.000 pesetas el plus en los beneficios por cabeza de ganado con el engorde artificial, consiguiendo mayor peso y textura en la carne. Pero el fraude no podría consumarse de forma tan impune sin el concurso de los avances químicos. Los laboratorios clandestinos de Barcelona y de Manresa fabricaban un anabolizante, el clembuterol, mucho más difícil de detectar que las hormonas y finalizadores tradicionales, y de efectos más nocivos al concentrarse en las vísceras del animal. Las primeras víctimas del lucrativo mercado negro montado sobre esta sustancia han sido varias decenas de personas intoxicadas en diversas zonas de Castilla y de Asturias. De acuerdo con los análisis efectuados, su consumo produce taquicardia, temblores, sudoración, angustia y ansiedad.

Después del trauma social producido por el fraude del aceite de colza y el envenenamiento masivo a que dio lugar, es imposible no sobresaltarse ante la querencia mostrada por algunos negociantes sin escrúpulos hacia la manipulación peligrosa de los alimentos. La amplitud de los intereses es tal -a las ganancias ilegales hay que añadir la presión de la potente industria química productora de hormonas- que resulta imprescindible no bajar la guardia en ningún momento. El Instituto Nacional de Consumo ha anunciado una campaña informativa sobre los riesgos para la salud de las carnes tratadas artificialmente con la finalidad de apartar a las personas de su consumo. Nada hay que objetar a iniciativas tendentes a elevar el nivel educativo de los consumidores. Pero en el terreno de la salud pública mejor es prevenir que curar. En este sentido, los poderes públicos -estatales, autonómicos y municipales- no pueden eludir su responsabilidad en el seguimiento del proceso que sigue el producto hasta el consumidor, en la exigencia del cumplimiento de los controles establecidos y en la adecuada sanción de los infractores.

Los riesgos de la manipulación alimentarla han adquirido tal envergadura que quizá sea la hora de plantearse una adecuada tipificación penal de la conducta de quienes los provocan, castigando directamente no sólo la operación manipuladora, sino también los efectos dañinos, sean lesiones o muertes, que produzca. Las penas prácticamente simbólicas impuestas a los muñidores de la tragedia de la colza, por considerarse que no buscaron de manera intencionada las muertes y las secuelas físicas y psíquicas ocasionadas, muestran bien a las claras la incongruencia existente entre la sanción penal de tales conductas y los daños que generan. No es posible admitir que quienes planean de manera tan meticulosa operaciones de manipulación alimentaria de largo alcance -en tiempo y en espacio- no sean conscientes de las graves consecuencias que entrañan para la salud y la vida de los ciudadanos.