Los funcionarios que hayan sido diputados tendrán complemento de director general

La Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el único voto en contra de Izquierda Unida, una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 1991 destinada a permitir que cobren el complemento de destino de director general los funcionarios que hayan desempeñado altos cargos, desde julio 1977, o hayan ejercido como diputados o senadores durante dos años seguidos o tres años con interrupción. Según un portavoz del Ministerio para las Administraciones Públicas, este complemento consiste en 1.370.000 pesetas anuales.La decisión de proporcionar a los funcionarios que han sido diputados o senadores elegidos democráticamente un complemento de destino idéntico al de director general cuando regresen a la Administración fue tomada por la ponencia que debate los Presupuestos Generales del Estado para 1991, con la sola oposición de Izquierda Unida. Tanto el Partido Popular (PP), como el Centro Democrático y Social (CDS) y Convergència i Unio (CIU) habían presentado enmiendas al artículo 33 de la Ley de Presupuestos para que los funcionarios de carrera que desempeñen, o hayan desempeñado, un alto cargo en la Administración durante varios años, cuando. se reincorporen a sus puestos cobren el complemento de destino previsto cada año para los directores generales.

El Grupo Popular exigía para acceder a este beneficio que el funcionario haya desempeñado un alto cargo durante más de tres años seguidos o cinco años con interrupción, mientras que el CDS y CiU proponían rebajar el plazo mínimo a dos años consecutivos o tres con interrupción. A diferencia de los centristas y los nacionalistas catalanes, el PP solicitaba que el punto de partida de aplicación de estos beneficios no sea el 5 de Julio de 1977, comienzo de la primera legislatura democrática, sino el 15 de abril de 1972, fecha en que entró en vigor el Decreto que reguló las retribuciones complementarlas de los funcionarios de la Administración civil del Estado.

La decisión tomada ayer afecta a más de cien diputados y senadores de la actual legislatura.