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Tribuna:LA RECONVERSIÓN DE NUESTRA AGRICULTURA

Sector lácteo: evitemos nuevos conflictos

FERNANDO MORALEDA

El sector lácteo vive en estos momentos una prolongación del conflicto que ya surgió hace dos años, sin que por el momento ni la Administración ni las industrias lácteas hayan buscado una salida consensuada para los cientos de miles de pequeños ganaderos cuyas economías dependen casi exclusivamente de esta producción, a juicio del autor. El futuro del sector tiene forzosamente que labrarse por todas las partes del conflicto y no dejar pudrir el problema.

En el transcurso de esta semana se reanudan las negociaciones que durante los últimos meses han venido desarrollando -entre bloqueos e interrupciones- los sindicatos agrarios y la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FNIL) en torno a los precios de la leche y las garantías de cumplimiento de los controles para los productores lácteos.A este nuevo intento de abordar la negociación se llega después de las últimas movilizaciones que los productores de leche han protagonizado, en respuesta al llamamiento efectuado por los sindicatos agrarios más representativos, con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) entre ellos.

Explotaciones familiares

Pocos conflictos se anuncian con tanta anterioridad como éste, que, de nuevo, hemos vuelto a encabezar en la defensa de los intereses de las explotaciones familiares. La andadura de las relaciones interprofesionales del sector lácteo se iniciaba en febrero de 1988 con la firma del primer acuerdo entre los productores y las industrias representadas en la FNIL.

A casi tres años vista desde la firma de aquel acuerdo, la valoración que nos merece el proceso seguido por el sector es lamentablemente negativa. Pareciera como si el tiempo, en lugar de madurar las relaciones contractuales entre ganaderos e industriales lácteos, haya propiciado una separación mayor y una confrontación de intereses cada vez más patente.

Los hechos así lo demuestran. Porque del acuerdo interprofesional de 1988 pasamos en 1989 al arbitraje del Ministerio de Agricultura, y ya en 1990 al desacuerdo y a la escalada creciente de la desestabilización económica y social del sector lácteo, a instancias siempre de unos industriales que han demostrado a menudo ser tan miopes en su gestión empresarial como provocadores en sus relaciones con los sindicatos agrarios.

Durante estos mismos años y en paralelo, el Ministerio de Agricultura ha ido evolucionando desde la presión inicial, lícita, sobre el sector industrial -en defensa del colectivo de pequeños agricultores con el que tenía y sigue teniendo la obligación moral de alinearse-, al arbitraje de 1989 y finalmente hasta la posición siempre fácil de la neutralidad, aduciendo la libre responsabilidad de las partes para alcanzar acuerdos.

De este modo estamos asistiendo a una prolongación del conflicto, sin que ni desde el ámbito empresarial, que ocupan las industrias, ni desde el político, que representan el Ministerio de Agricultura y los Gobiernos autónomos, se haya facilitado una salida consensuada a los cientos de miles de pequeños ganaderos de leche, cuyas economías dependen casi exclusivamente de esta producción.

Porque no hay que olvidar que detrás de la producción láctea de nuestro país se encuentran muchas explotaciones familiares, situadas sobre todo en la mitad norte peninsular, en unas zonas que reúnen buenas condiciones para la producción de pastos pero que ofrecen escasas alternativas para la diversificación, de modo que los productores de leche obtienen de este trabajo sus principales, cuando no únicos, ingresos.

Un futuro compartido

El futuro de las industrias necesariamente debe ligarse al de los ganaderos. Ganar en competitividad, calidad y confianza ante los consumidores significa para los industriales, a su vez, compartir por la vía del entendimiento y la colaboración las reclamaciones sindicales que desde una concepción responsable del sindicalismo, y por tanto no sujeta a otros intereses que los estrictamente sindicales, la UPA incluye en su propuesta de negociación.

Dicho de otra forma, al igual que el sector productor, las industrias actuales están asimismo condicionadas por una atornIzación excesiva, y por consiguiente es también imprescindible que éstas se reconviertan, en justa correspondencia con el esfuerzo paralelo que se demanda a los ganaderos. No compartimos ni entendemos, por tanto, esa estrategia actual de las industrias que se está centrando en el beneficio rápido, a corto plazo, a costa de imponer sus condiciones sobre los pequeños productores -con vaivenes de precios, primas y descuentos-, en el marco de un mercado opaco y dominado por prácticas que pudieran entrar en contradicción con la libre competencia.

Gestionar el conflicto

El sindicalismo que propugnamos desde opciones como la Unión de Pequeños Agricultores, junto a las organizaciones que en su momento suscribieron nuestra Propuesta Agraria Progresis.ta (PAP), tiene la responsabilidad de gestionar el actual conflicto con las industrias lácteas, en la búsqueda de un acuerdo que proporcione estabilidad al sector.

Para ello se hace imprescindible en primer lugar que los industriales reconozcan las posibilidades de aplicación de la actual legislación vigente -Ley de Contratos Agrarios y Ley de Arbitraje- como principio básico que sustente los acuerdos que se alcancen.

Por otra parte, la solución a la actual situación de crisis ha de pasar por una estabilización de los precios que permita afrontar desde el consenso las medidas socioestructurales que deben aplicar tanto la Administración central como las autónomas, pues sólo así se proporcionarán unas auténticas perspectivas de futuro a los pequeños ganaderos y se desterrará esta imagen de inseguridad que está ralentizando las mejoras que demandamos y debilitando las posiciones sindicales.

En cualquier caso, insistimos, cada vez resulta más difícil de entender la neutralidad de la Administración en un conflicto de intereses como el que estamos sufriendo, y reiteramos la necesidad de que el Ministerio de Agricultura aplique todos los instrumentos legales a su alcance para ponerse al lado de la parte más débil, obviamente los pequeños ganaderos, sin escudarse en falsas neutralidades.

Desde otra perspectiva, y para finalizar, es igualmente imprescindible que los Gobiernos de las comunidades autónomas -con amplias competencias reconocidas en materia de infraestructuras, ordenación y fomento de las mejoras de los sistemas productivos- afronten también de manera concertada el futuro del sector y eviten actuaciones como la recientemente ofrecida por el consejero de Agricultura de Galicia, que en vez de asumir sus propias responsabilidades se deja llevar por un nuevo sindicalismo político-institucional.

es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA-UGT).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de octubre de 1990