La Junta de Andalucía ha tardado una semana en reconocer el nuevo brote de peste equina

La Junta de Andalucía ha tardado una semana en confirmar oficialmente que la muerte de caballos en la provincia de Málaga, cuyos primeros datos se hicieron públicos el pasado 12 de septiembre, se deben a un nuevo rebrote de peste equina en la región. Las autoridades andaluzas llegaron a mantener la tesis de que la muerte de caballos, hasta ayer 52, podría deberse a una intoxicación provocada por las aguas contaminadas del río Guadalhorce. La confirmación de la epidemia ha creado un fuerte malestar en el sector ganadero, que estima que la Junta de Andalucía ha sido incapaz de controlar la peste.

El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Leocadio Marín, fue el encargado de confirmar el brote tras recibir, en la mañana de ayer, los resultados positivos de 10 de los análisis de las vísceras de caballos muertos y sin vacunar en la zona del valle del Guadalhorce.Marín, que lleva dos meses en el cargo, declaró zona afectada por la enfermedad a Málaga y los municipios del campo de Gibraltar. "Vamos a peinar el territorio andaluz para que no quede ni un sólo caballo sin vacunar", dijo. Según el consejero, la enfermedad no puede considerarse endémica, aunque se trata del tercer brote de peste equina que sufre Andalucía desde octubre de 1988.

La declaración oficial de la peste equina, enfermedad que ha provocado la muerte de 52 équidos desde el pasado 31 de agosto y de 1.184 durante 1988 y 1989, supone la entrada en vigor de una orden que establece, por tercera vez, la inmovilización de la provincia de Málaga y los municipios gaditanos del Campo de Gibraltar, mientras que en el resto de la comunidad se permitirán las movilizaciones controladas.

Revacunación

La revacunación de los 158.000 animales que forman la cabaña equina andaluza y el marcaje exterior de los caballos vacunados para evitar cualquier engaño son otras de las medidas que entrarán en funcionamiento a finales de esta semana. Este rebrote infringirá nuevas pérdidas al sector ganadero el cual, según la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, "se encuentra en una situación económica crítica". Según este colectivo, el 100% de la cabaña equina andaluza tuvo que ser vacunada antes de los meses de verano, temporada de máxima actividad del vector trasmisor de la enfermedad. "La responsabilidad de no haber realizado a tiempo las vacunaciones compete a la Consejería de Agricultura, ya que es la única que posee tanto el monopolio de la vacuna, como los medios para su distribución", según han informado fuentes de la citada asociación.Por su parte, Leocadio Marín achacó la aparición del nuevo rebrote a la falta de colaboración de algunos ganaderos con la Administración y a que el sector "ha bajado la guardia", ya que no se producía ningún caso de peste en Málaga desde hace dos años. "De los 10 animales muertos que tenían peste equina, nueve eran potros de cuatro a ocho meses y otro era una yegua, pero ninguno de ellos estaba vacunado", precisó el consejero.

La Junta ha abierto 1.289 expedientes a ganaderos por diversas infracciones de las normas destinadas a la erradicación de la epizootía, de los cuales 534 se realizaron por traslados ilegales de caballos. En este sentido, Marín recordó que los propietarios tienen la obligación de cumplir con las medidas de inmovilización y comunicar los nacimientos de potros para que éstos puedan ser vacunados a los 3 y los 6 meses.

Leocadio Marín anunció también que se prorroga la entrada en vigor del Real Decreto de diciembre de 1989, en el que se consideraba finalizada la actividad del vector el día 23 de septiembre y que iba a permitir el tránsito de caballos por toda España. Sigue también en vigor la orden de 16 de julio de 1990, por la que se regulan los movimientos de équidos en Andalucía.

En opinión de José María Santos Carvajal, presidente de la Peña Caballista de Málaga, las medidas adoptadas por la consejería para atajar el rebrote no son acertadas. Santos señaló que "la inmovilización de caballos se debe aplicar en toda la comunidad andaluza y no sólo en Málaga y Cádiz". Asimismo, el secretario provincial de Izquierda Unida de Málaga, Rafael Rodríguez, pidió la dimisión del delegado provincial de Agricultura, Francisco Gómez Aracil, a quien acusó de realizar una labor de "ocultismo y falta de información".