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Fronteras para animales

El rebrote de la peste equina africana devuelve a la actualidad el enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña sobre las competencias de las autonomías para limitar el paso de animales y crear fronteras zoológicas.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat mantiene el control sobre los caballos que entran en Cataluña, en cumplimiento de un decreto aprobado por el Gobierno catalán en febrero de 1989. Los controles, ubicados en las localidades Sant Carles de la Rápita (Tarragona) y Alcarrás (Lérida), se establecen entre mayo y noviembre, meses calurosos o templados, en los que el que el mosquito transmisor de la peste es activo. Las inspecciones, realizadas por agentes de la Policía Forestal de la Generalitat, consisten en el examen de los animales, de sus cartillas de vacunación y, sobre todo, del control del lugar de procedencia. Los animales que no reúnen los requisitos, son devueltos a su lugar de origen.

La orden de la consejería catalana de 1989 declaraba a Cataluña zona libre de peste equina, e imponía controles propios sobre animales para prevenir su entrada en este territorio. Tras cinco meses de suspensión por un recurso del Gobierno de Madrid, el Tribunal Constitucional levantó la suspensión. El tribunal, sin entrar en el fondo de las competencias de una y otra parte y dictar sentencia, sí dejó clara la mayor consistencia de los argumentos catalanes para levantar la suspensión.

Intereses de Cataluña

En primer lugar, razonaba el Constitucional, porque "la propagación de la epidemia de peste equina africana más allá de las zonas en que se encuentra localizada, puede dañar gravemente los intereses económicos generales y del sector localizados en Cataluña". Y en segundo lugar, porque tal propagación "puede llegar a impedir la celebración de las competiciones hípicas de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Barcelona en el año 1992". Así, con el levantamiento de la suspensión de la orden catalana, el Tribunal Constitucional atendió, más que a argumentos de fondo, que serán objeto de la sentencia, a las repercusiones negativas que puedan seguirse de la vigencia o no de la norma controvertida .El nuevo brote de la peste en Málaga, y los 44 caballos muertos -bastantes más, según las asociaciones de ganaderos- avalan, aun más, los argumentos catalanes ante el tribunal y su desconfianza ante las medidas tomadas en su día por el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía. En ellos afirmaban que para cumplir el compromiso, mundial asumido por Barcelona con los Juegos Olímpicos de 1992, no basta con la normativa del Gobierno central.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de septiembre de 1990