7.000 hectáreas forestales de Cádiz, convertidas en cotos por empresas extranjeras

La renuncia del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA) al derecho de tanteo sobre la superficie forestal de la provincia de Cádiz ha provocado que el control de los principales latifundios de la zona, hasta un total de 7.000 hectáreas forestales, estén en manos de grupos extranjeros, que las han convertido en fincas de caza.

La empresa Fogaci, filial de un grupo radicado en el Principado de Liechenstein, posee actualmente al menos ocho importantes fincas con alto valor forestal, ubicadas entre Medina Sidonia y Los Barrios. Precisamente en esta zona, que incluye al término municipal de Alcalá de los Gazules, se encuentra el Parque Natural Los Alcornocales, cuyo patronato está presidido por el diputado socialista Alfonso Perales.El proceso de adquisición de las fincas se ha desarrollado a lo largo de estos tres últimos años y ha recibido las críticas y denuncias de diferentes organizaciones ecologistas, dado que en la mayor parte de los casos han pasado a manos privadas después de que los directivos del IARA en la provincia de Cádiz renunciaran sistemáticamente a su derecho de tanteo para que se integraran en el patrimonio forestal público.

La Agencia de Medio Ambiente, organismo autónomo dependiente de la Junta de Andalucía, impugnó en su día esta operación de compras de fincas al estimar que el lARA, con el que ha entrado en conflicto, no estaba capacitado legalmente para autorizar operaciones de compra, ya que las fincas se encuentran en una zona de competencia medioambiental.

Precisamente, la gestión del IARA en la provincia de Cádiz ha estado salpicada de continuos escándalos, que desembocaron en la apertura de una investigación sobre la compra de estos terrenos. La investigación, sobre la que nunca se dieron explicaciones, concluyó con la destitución del presidente regional y el delegado provincial del IARA en Cádiz, Francisco Vázquez Sell y Juan Blanco, respectivamente.

La Investigación alcanzó también a José García Serrano, jefe de Proyectos y Obras del IARA en Cádiz, y a Francisco Javier Pérez de Eulate, arquitecto de la delegación provincial de Hacienda. Ambos son relacionados por la Federación Ecologista Pacifista Gaditana (FEPG) con el gabinete de ingeniería Estudio 4, que era el que tramitaba la mayor parte de los proyectos de transformación de regadíos que posteriormente aprobaba el IARA.