El Poder Judicial analizará si el juez que paralizó las expropiaciones se ha extralimitado

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acusó ayer al magistrado del Tribunal Superior de Justicia extremeño, José María Crespo Márquez, de inventarse leyes y de utilizar argumentaciones políticas para detener las expropiaciones de fincas emprendidas por el Gobierno regional. Rodríguez Ibarra planteó ayer al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, el conflicto permanente que existe con el magistrado, agravado a raíz de que paralizara la ocupación de dos fincas de la duquesa de Alba. El portavoz del consejo anunció la posibilidad de que se abran diligencias para analizar si Crespo Márquez se ha extralimitado en sus funciones.

El presidente de la Junta de Extremadura presentó a Hernández Gil una relación de sentencias dictadas por dicho magistrado en los últimos años en las que, al hilo de argumentaciones técnicas, califica de "terroristas", "dictadores" o "ególatras", a diversos cargos de la administración regional, a alcaldes y al delegado del Gobierno en Extremadura.Rodríguez Ibarra pidió a Hernández Gil que medie para que el citado magistrado, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal superior de Justicia extremeño, se limite tomar en consideración argumentos jurídicos y técnicos a la hora de redactar las sentencias, y aseguró que el conflicto se centra exclusivamente en la actuación de este Juez. Crespo Márquez, afirmó Rodríguez lbarra, ha llegado a inventarse leyes para parar las iniciativas de la Junta.

Sangre azul

"La finca de los Ibores no se ha podido expropiar", agregó, porque dice el magistrado que las directivas de la CE son contrarias al fomento del ganado caprino. Eso no es verdad. Lo único que dicen las directivas comunitarias es que no se pueden tener mas de 1.000 cabras por propietario, excluida Extremadura y otras tres regiones europeas. Cuando se está inventando legislación uno tiene el legítimo derecho de pensar que se están defendiendo intereses distintos; de los puramente jurídicos".

Rodríguez Ibarra rechazó también las declaraciones de Crespo Márquez relativas a que la Junta de Extremadura debe aprobar leyes más claras sobre las expropiaciones de fincas. "Con las leyes que tenemos ya se han expropiado dos fincas, que pertenecían a propietarios no conocidos. Curiosamente, hemos tenido todos los problemas del mundo cuando los propietarios a expropiar son de sangre azul, conseguida por herencia o por consorte", dijo.

El presidente extremeño aludía a que los últimos autos dictados por Crespo Márquez han paralizado la ocupación de dos fincas de la Casa de Alba, Cabra Alta y Cabra Baja, y denunció la "sorprendente" actuación del juez, quien remitió a la Casa de Alba las alegaciones de la Junta favorables a la expropiación, para que la propiedad pudiera presentar su réplica.

Rodríguez Ibarra consideró inadmisibles las injerencias políticas del magistrado, quien, en declaraciones públicas, ha cuestionado la política del Gobierno regional. "Yo entiendo que hay jueces más o menos conservadores, con distinta sensibilidad hacia los problemas, pero sólo admitimos las sentencias razonadas en términos jurídicos, que son recurribles. En algunos casos tendremos la razón y en otros no. Ahora, si el juez Crespo quiere hacer política, que deje la toga y se presente a las elecciones. Él no es nadie para decir si la Junta debe dar prioridad al sector caprino o al cinegético".

Hernández Gil no asistió a la conferencia de Prensa que siguió a su reunión con Rodríguez Ibarra, El portavoz del CGPJ, José Luis Calvo, que aseguró que la reunión había trascurrido en un clima de absoluta cordialidad, declaró: "En alguna ocasión se incoaron diligencias informativas [por parte del Consejo] para determinar si existía o no responsabilidad disciplinaria en algún magistrado que utilizó expresiones y descalificaciones al hilo de la estricta argumentación judicial". Calvo agregó que el consejo estudiará que el tribunal extremeño sea reforzados con la asignación de un experto en derecho administrativo. "Si esto es así", replicó Rodríguez Ibarra, "y se insta al juez Crespo a que se atenga a su función jurídica, el conflicto se habrá acabado".